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El derecho administrativo estudia la actuación de las Administraciones Públicas frente a los ciudadanos. En Estepona, como municipio de la provincia de Málaga, se aplica a actos como licencias urbanísticas, sanciones, recursos y trámites ante el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Es clave para entender derechos y obligaciones en actuaciones municipales y provinciales.
La rama administrativa regula desde la concesión de permisos de obra hasta la imposición de sanciones y la revisión de actos administrativos. Un asesor legal en Estepona puede ayudar a identificar plazos, recursos disponibles y vías de impugnación. La experiencia local es determinante para elegir la estrategia adecuada en cada caso.
En Estepona se rige por normas estatales de procedimiento y régimen público, además de normativas andaluzas y locales. A nivel nacional, las leyes clave son:
«La Ley 39/2015 regula la tramitación de actos y procedimientos administrativos para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia en las actuaciones públicas.»
«La Ley 40/2015 complementa el régimen jurídico del sector público, organizando las relaciones entre las administraciones y sus entidades para evitar conflictos de competencia.»
«La autonomía local andaluza, recogida en la Ley 5/2010, concede a los ayuntamientos mayores competencias para gestionar sus propios asuntos dentro del marco legal.»
El procedimiento administrativo es el conjunto de actos que deben seguir las Administraciones Públicas para tramitar sus actuaciones. En Estepona lo aplica el Ayuntamiento y las entidades provinciales competentes.
Debe presentarlo por escrito dentro del plazo legal ante el órgano que dictó el acto. Es recomendable incluir hechos, fundamentos jurídicos y prueba documental.
Las alegaciones se suelen presentar durante el periodo de información pública o dentro del plazo establecido en la resolución. Verifique la notificación para evitar la caducidad.
Los recursos contencioso-administrativos se presentan ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, que resuelven impugnaciones de actos administrativos.
Un asesor legal puede ayudar a analizar la legalidad de la sanción, identificar errores de procedimiento y diseñar una estrategia de defensa o negociación.
Sí, si existen daños causados por la actuación administrativa; un letrado puede orientar sobre los requisitos de la reclamación y plazos.
Es recomendable porque las sanciones pueden implicar sanciones económicas, puntos y recursos, con opciones de reducción o recurrencia.
En muchos procedimientos existen tasas por servicios públicos o expedición de documentos. Un abogado puede confirmar qué tasas aplican y cómo regularizarlas.
La duración varía según el trámite, la complejidad y posibles recursos; puede oscilar desde semanas hasta varios meses.
El Recurso de Reposición es administrativo y se presenta ante el mismo órgano; el Contencioso-Administrativo se presenta ante los tribunales y suele ser más complejo.
Normalmente se requieren planos, título de propiedad, memoria técnica y documentación de pago de tasas; verifique con el expediente específico.
En ciertos casos, puede haber asistencia gratuita o parcial; un abogado puede asesorar sobre opciones de patrocinio y servicios pro bono.
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