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El derecho administrativo regula la actividad de la administración pública y su relación con los ciudadanos. En San Gil, como en todo el país, abarca actos como licencias, sanciones, contratación y recursos frente a decisiones de las entidades municipales. Comprende también el control judicial y la revisión de disposiciones administrativas para proteger derechos fundamentales.
Para un residente de San Gil, entender el procedimiento administrativo ayuda a gestionar trámites ante la Alcaldía, la Secretaría de Planeación y otras entidades locales. También facilita la defensa frente a actos que afecten derechos como propiedad, libertad de empresa o acceso a servicios públicos. La asesoría legal en este campo evita errores procesales y reduce tiempos de respuesta.
Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Regula actos administrativos, recursos y la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia. Vigencia para actos posteriores a su entrada en vigor en 2012. Este marco es aplicable a trámites y recursos que surgen en San Gil ante decisiones administrativas locales.
Ley 80 de 1993 - Régimen Jurídico de la Contratación Estatal. Sustenta procesos de contratación de entidades públicas, incluyendo municipios como San Gil. Ha recibido reformas y reglamentaciones complementarias para modernizar la contratación y los mecanismos de transparencia. En general, sigue vigente como base normativa de contratación pública.
Decreto 1082 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo. Unifica y regula procedimientos de las entidades públicas, incluidas las municipales, para su organización y funcionamiento. Proporciona pautas sobre contratación, trámites y atención al ciudadano en todo el país, con aplicación en San Gil.
«La CPACA regula los actos administrativos y los recursos en Colombia, estableciendo plazos y procedimientos claros»
«La contratación estatal se rige principalmente por la Ley 80 de 1993 y sus reglamentaciones, con actualizaciones para transparencia»
Fuente: Función Pública - CPACA y normativa administrativa
El derecho administrativo regula actos de la administración y recursos. En San Gil, afecta licencias, multas, contratos y servicios públicos que tú puedas necesitar o cuestionar.
Identifica el acto impugnado, verifica plazos y forma de interposición. Presenta el recurso ante la autoridad que emitió el acto y, si procede, ante la vía contenciosa.
La prescripción suele iniciar al momento en que el acto es notificado o perfeccionado. Para recursos, los plazos están fijados por CPACA y normas complementarias.
La licencia se tramita ante la Secretaría de Planeación Municipal de San Gil. Motivos de rechazo pueden incluir irregularidades urbanísticas o falta de documentos.
Un letrado evita errores en pliegos, garantiza formalidades y defiende intereses ante posibles controversias o impugnaciones de adjudicación.
Sí, ante actos administrativos con efectos contenciosos relevantes, existe la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa ante el Consejo de Estado.
Depende de la naturaleza del acto y de los plazos. Un asesor evalúa si hay vicios de legality, procedimentalidad o impedir derechos.
Sí. Se puede reclamar mediante reposición, apelación o acción contenciosa, conforme a CPACA y normas locales.
Los honorarios varían por complejidad y tiempo. Es común acordar una tarifa fija para etapas determinadas y costos de estudio de expediente.
La reposición es ante la misma autoridad; la apelación se eleva a una instancia superior. Cada una tiene plazos diferentes y efectos distintos.
La Procuraduría evalúa la conducta de servidores públicos. Se deben seguir procesos y presentar pruebas para defender derechos y garantías.
Sí. Una estrategia integral previene irregularidades, facilita cumplimiento de requisitos y reduce riesgos de impugnaciones o nulidades.
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