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El derecho administrativo regula la relación entre la administración pública y los particulares. En Santa Marta, la autoridad recae principalmente en la Alcaldía Distrital y sus entidades, como la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Movilidad y la Personería Municipal. El marco legal básico para actos, trámites y control es el conjunto de normas administrativas a nivel nacional que se aplica en el municipio.
Entre las figuras típicas están los actos administrativos, las licitaciones y contratos, los recursos administrativos y las acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En Santa Marta, los ciudadanos pueden interponer recursos ante actos de la Alcaldía o acudir a la jurisdicción para impugnar decisiones que afecten sus derechos. La asesoría de un abogado especializado en Administrativo facilita identificar plazos, requisitos y vías de impugnación adecuadas.
Escenario 1: Recibir una sanción o intimación de la Secretaría de Movilidad de Santa Marta. Un letrado puede analizar la legalidad del acto, exigir pruebas y preparar recursos para evitar multas desproporcionadas.
Escenario 2: Presentar o impugnar licencias de construcción ante la Secretaría de Planeación. Si la solicitud se demora o hay denegación, un asesor legal ayuda a preparar la revisión técnica y a solicitar mecanismos de revisión o renovación.
Escenario 3: Participar en un proceso de contratación pública municipal. En una licitación o adjudicación, un abogado puede revisar pliegos, presentar observaciones y gestionar recursos ante posibles irregularidades.
Escenario 4: Defender derechos frente a actos disciplinarios o controles de la Personería Municipal. Un asesor legal puede orientar sobre derechos de defensa y recursos contra resoluciones disciplinarias.
Escenario 5: Reclamar servicios públicos (agua, saneamiento, alcantarillado). Si un servicio falla o hay cobros indebidos, un abogado ayuda a presentar reclamos y, de ser necesario, acción contencioso-administrativa.
Constitución Política de Colombia (1991): establece la organización y competencia de la administración pública, la legalidad de los actos y los principios de servicio al ciudadano. En Santa Marta, estas reglas orientan las actuaciones de la Alcaldía y las entidades.
Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA): regula el procedimiento para actos administrativos, recursos y control jurisdiccional. Es la base para impugnar actos municipales en Santa Marta y para la vía contencioso-administrativa. Vigente desde 2012, con reformas puntuales a lo largo de los años.
Ley 80 de 1993 (Estatuto General de la Contratación Pública): rige la contratación de la administración pública, incluyendo entidades del distrito. Es clave para licitaciones y contratos celebrados por la Alcaldía de Santa Marta y sus entidades descentralizadas.
Un acto administrativo es una declaración de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos. Una resolución es un acto administrativo con efectos concretos sobre un asunto particular. En Santa Marta, estos actos deben respetar la legalidad y los derechos de los ciudadanos.
Es un mecanismo para pedir a la misma autoridad que revise un acto administrativo, normalmente antes de acudir a la vía judicial. Debe hacerse dentro de los plazos legales y con fundamentos claros.
Debe presentarse ante el tribunal competente, usualmente la jurisdicción contencioso-administrativa correspondiente. Se exige, entre otros, documentos probatorios, poder y pago de tasas procesales.
Los plazos varían según el acto y la norma aplicable. En general, los recursos suelen darse dentro de 10 a 30 días hábiles, contados desde la notificación del acto.
Las reclamaciones y recursos se presentan ante la entidad municipal competente, típicamente la Secretaría de Planeación o la Secretaría de Obras, según el trámite.
Un letrado especializado identifica requisitos, posibles vicios de forma y plazos, aumentando las probabilidades de aprobación o de una defensa adecuada ante rechazos o recursos.
Sí. Si hay ilegalidades, irregularidades en la adjudicación o daño a derechos, se puede impugnar mediante acciones administrativas o contenciosas, con apoyo legal.
Los honorarios varían por complejidad, tiempo y región. Es común acordar un valor inicial y un porcentaje periódico o por hitos del proceso.
Generalmente sí. Deberá otorgarse poder especial o amplia procura para representar en trámites administrativos o juicios.
Puede durar entre 6 y 18 meses, dependiendo de la carga procesal, la complejidad del caso y las etapas de prueba.
Debe revisar las razones, evaluar recursos internos y, si corresponde, iniciar acción contenciosa para buscar nulidad o restablecimiento del derecho.
Documentos de identidad, notificaciones, copia de actos administrativos, antecedentes del trámite y cualquier prueba relevante deben estar disponibles.
“La eficiencia de la administración pública y la reducción de trámites aumentan la confianza de los ciudadanos en las instituciones.”
“La contratación pública transparente y competitiva es clave para mejorar la entrega de servicios y reducir la corrupción.”
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