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El derecho almirantazgo y marítimo abarca normas que regulan la navegación, los contratos de transporte, los seguros marítimos y las responsabilidades en caso de daños. En Buenos Aires, estas normas se aplican tanto a buques que operan en la jurisdicción del Puerto de Buenos Aires como a disputas vinculadas al Río de la Plata y al tráfico portuario local. La interacción entre leyes nacionales, regulaciones administrativas y principios del derecho internacional es constante en esta materia.
Las tareas del asesor legal incluyen evaluar contratos de fletamento, reclamaciones por daños a mercancías y disputas sobre responsabilidades por accidentes o contaminación. También intervienen organismos como la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina en la gestión de la seguridad, la circulación de naves y la salvaguarda de recursos marítimos en aguas cercanas a Buenos Aires. En todos los casos, la jurisdicción puede involucrar tribunales locales y federales.
Para quienes buscan orientación, un abogado o asesor legal con experiencia en derecho marítimo puede explicar las opciones procesales, identificar riesgos contractuales y preparar estrategias de resolución, ya sea por vía judicial, arbitral o ante autoridades administrativas.
"La Prefectura Naval Argentina es un cuerpo de seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, encargado de la seguridad de la navegación y del control del tráfico marítimo." Fuente: Prefectura Naval Argentina
"El derecho internacional del mar, a través de UNCLOS, establece el marco para la jurisdicción de los Estados ribereños sobre su zona económica exclusiva y la navegación en alta mar." Fuente: Naciones Unidas
El marco cubre contratos de fletamento, seguros marítimos, responsabilidad por daños, salvamento y litigios vinculados a puertos y navegación en aguas cercanas a Buenos Aires. También incluye normas de seguridad y cumplimiento administrativo.
Debe preparar pruebas contractuales, pólizas de seguro y evidencias de daño. Posteriormente presentará la reclamación ante el asegurador y, si procede, ante la autoridad competente o tribunales.
Cuando existan contratos de fletamento, accidentes, o disputas de responsabilidad. También es recomendable ante detenciones administrativas de buques o disputas de tarifas portuarias.
Las disputas pueden tramitarse ante tribunales civiles y comerciales de la Ciudad de Buenos Aires o, si las cláusulas lo pactan, mediante arbitraje. La elección depende del contrato y la cuantía.
Los contratos fijan responsabilidades, límites de indemnización y plazos de entrega. Una revisión adecuada reduce riesgos y posibles costos inesperados.
Sí, la detención puede ocurrir por irregularidades documentales o de seguridad. Es clave consultar con un letrado para gestionar la liberación y evitar sanciones.
El arbitraje puede ser más rápido y confidencial que un juicio. Es común en disputas de fletamento y seguros, según lo pactado en el contrato.
Sí, pueden reclamarse costas de salvamento si están cubiertas por el seguro o por reglas de la ley marítima. Es necesario demostrar la necesidad y la causa del salvamento.
La avería gruesa implica daño común a carga o buque que afecta a todos los interesados. La negligencia es responsabilidad por incumplimiento de deberes específicos de cuidado.
Las costas incluyen gastos de representación, peritajes y trámites judiciales. El cálculo varía según la jurisdicción y la complejidad del caso.
Sí, es fundamental contar con contratos, pólizas de seguro, manifiestos, certificados de reparación y registros de la tripulación o del buque.
Los plazos varían según la complejidad y la carga procesal. Un caso típico de daños puede demorar entre 6 y 18 meses, o más si hay recursos.
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