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La publicidad y el marketing en Santo Domingo se rigen por normas que buscan proteger al consumidor y promover prácticas comerciales transparentes. Estas normas obligan a que las afirmaciones sean veraces, comprobables y no engañosas. También regulan el uso de datos personales, derechos de autor y la publicidad de productos regulados dentro del territorio dominicano.
Esta ley regula la publicidad para evitar afirmaciones engañosas y exigir veracidad de las características del producto o servicio. El anunciante debe poder demostrar lo que afirma en publicidad y garantiza un marco de responsabilidad. Fue promulgada en 2005 y ha sido objeto de reformas para fortalecer la sanción de prácticas engañosas.
La Ley 172-13 establece principios para el tratamiento de datos personales y derechos de los titulares. En publicidad, impone consentimiento explícito para el uso de datos y limita fines y almacenamiento. En vigor desde 2014, ha sido complementada por reglamentos de desarrollo en años posteriores para ampliar su alcance.
La Ley 65-00 protege obras, derechos de reproducción y comunicación pública, lo que impacta anuncios que usan música, imágenes o textos de terceros. Impone la obtención de licencias o permisos para uso en campañas publicitarias. Está vigente desde 2000 con reformas para adaptarse a la era digital.
La publicidad debe ser veraz, comprobable y no engañosa.
ProConsumidor - Principios de publicidad responsable
El tratamiento de datos personales debe realizarse con consentimiento y para finalidades legítimas.
Ley 172-13 de Protección de Datos Personales
Las obras protegidas por derechos de autor no pueden utilizarse sin la debida licencia o permiso.
Ley 65-00 de Derecho de Autor
La publicidad veraz describe productos y beneficios de forma comprobable. Evita reclamaciones exageradas que puedan engañar al consumidor dominicano. Esto reduce riesgos de sanciones y protege la reputación de la marca.
Debe basarse en datos, estudios o certificaciones relevantes. Guíese por la Ley 358-05 y solicite evidencia documental antes de lanzar la campaña.
Cuando no sean de dominio público o no cuenten con licencia. La Ley de Derecho de Autor exige permisos para uso comercial de obras ajenas.
Puede presentar reclamaciones ante ProConsumidor, que es la autoridad de protección al consumidor en la República Dominicana. Ellos evalúan la publicidad y pueden imponer sanciones.
El consentimiento garantiza que el tratamiento de datos personales cumpla con la Ley 172-13. Sin consentimiento, las campañas pueden violar la privacidad y exponerse a sanciones.
Sí, si el comparativo es engañoso o no verificable. Debe basarse en hechos objetivos y mostrar pruebas si se solicita.
Si utiliza contenido original, registrar derechos puede facilitar la defensa legal. Aunque no siempre es obligatorio, ofrece mayor respaldo en disputas.
No. Debe cumplir requisitos de etiquetado, información sanitaria y aprobación correspondiente para evitar sanciones.
El explícito requiere acción afirmativa del titular para procesar datos. El implícito puede inferirse de conductas, pero tiene menor fortaleza legal para publicidad.
Implica posibles infracciones de derechos de imagen y contrato. Puede requerir cesar la difusión y buscar una compensación o acuerdo.
La resolución típica depende de la complejidad, pero muchos casos se resuelven en semanas a varios meses. Consulte con su asesor legal sobre plazos estimados.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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