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El asilo es una protección internacional para personas que huyen de persecución, conflicto o violaciones graves de derechos humanos en su país de origen. En Asunción, Paraguay, ese marco se aplica dentro de la Constitución Nacional y a través de normas y convenios internacionales ratificados por el país. El objetivo es garantizar seguridad, acceso a derechos básicos y la posibilidad de vivir sin riesgo de retorno a una situación de peligro.
La solicitud de refugio suele gestionarse ante autoridades migratorias y organismos especializados. En Paraguay, la revisión de cada caso se basa en pruebas sobre motivos de persecución y en el análisis de riesgos para la persona solicitante. El proceso busca equilibrar la protección individual con los requisitos de control migratorio del país.
Una persona que ha sufrido amenazas por su ideología política en su país de origen y llega a Asunción necesita asesoría para presentar un relato coherente y pruebas que respalden su solicitud de refugio.
Un migrante que ya presentó una solicitud de refugio y enfrenta una negativa inicial puede requerir un letrado para gestionar recursos de apelación o revisión ante instancias administrativas.
Una familia con niños no acompañados que llega a Asunción debe entender derechos, tutela legal y procedimientos para el menor, con acompañamiento de un asesor legal.
Una persona que llega con estatus irregular o tras haber sido expulsada de otro país necesita ayuda para regularizar su situación mediante la protección internacional adecuada.
Una persona que sufrió violencia de género o trata de personas debe demostrar riesgo continuo y obtener protección con apoyo de un abogado experto en derechos humanos.
Un solicitante que necesita pruebas médicas, documentos de identidad o antecedentes para su expediente requiere orientación para compilar y presentar pruebas oficiales.
“El derecho a buscar asilo es un derecho humano fundamental.”
“Las personas refugiadas requieren procedimientos justos y protectores para su protección.”
“La Defensoría del Pueblo vigila el trato digno y el cumplimiento de derechos de refugiados y solicitantes.”
Fuentes: UNHCR Paraguay, IOM y Defensoría del Pueblo.
En Paraguay, la protección de refugiados se apoya en marcos nacionales e internacionales. La Constitución Nacional (1992) establece principios de derechos humanos y protección para personas en situación de riesgo, que se aplican a solicitudes de refugio dentro del país. Además, Paraguay es signatario de instrumentos internacionales que rigen el estatuto de los refugiados.
Entre las normas relevantes se encuentran:
Además, las normas migratorias paraguayas regulan la llegada, el registro y el proceso de reconocimiento de refugio. En los últimos años, Paraguay ha intensificado la cooperación con organismos internacionales para mejorar procedimientos y protección, incluyendo guías y asesoría técnica actualizadas.
Cambios y tendencias recientes relevantes incluyen la mayor cooperación entre autoridades paraguayas y organizaciones internacionales para estandarizar entrevistas, documentación y plazos. Esto ha contribuido a procesos más claros para solicitantes en Asunción y otras ciudades.
El asilo es una protección internacional para personas en peligro. Los refugiados pueden acceder a derechos básicos como residencia, educación y atención médica, conforme a la normativa vigente y a los acuerdos internacionales ratificados por Paraguay.
Primero debe acudir a la autoridad migratoria o a una oficina de protección de refugiados. Luego debe presentar su relato, documentos y pruebas. Finalmente, se realiza una entrevista y se emite una decisión sobre su estatus.
La solicitud debe presentarse tan pronto como exista riesgo inmediato al regresar. Documentos útiles incluyen pasaporte, certificados de identidad, pruebas de persecución o riesgo y cualquier registro policial o médico relevante.
La solicitud se presenta ante la autoridad migratoria correspondiente o la oficina designada para refugio. En Asunción, hay oficinas gubernamentales y entidades de apoyo que pueden orientar en este trámite.
Un letrado puede ayudar a preparar el expediente, identificar pruebas, gestionar recursos y representar al solicitante en entrevistas y recursos administrativos. Esto aumenta la claridad y consistencia de su caso.
Sí, en algunos casos se puede solicitar refugio a pesar de otro estatus. Un asesor legal evalúa la mejor opción para su situación y evita declarar o iniciar trámites que puedan complicar el proceso.
Sí. Pruebas como testimonios, informes médicos, registros de eventos y documentos oficiales fortalecen su relato. Un abogado puede orientar sobre qué pruebas son más útiles.
Las apelaciones suelen estar disponibles ante instancias administrativas o judiciales. Los plazos varían, pero pueden oscilar entre 30 y 90 días para interponer un recurso, dependiendo del caso.
Los honorarios pueden variar según la complejidad. Algunas consultas iniciales pueden ser gratuitas o de bajo costo; luego, los honorarios se fijan por caso o por hora y suelen acordarse por escrito.
La duración depende de la carga de trabajo y de la complejidad del expediente. En general, los procesos pueden tomar meses, y en casos complejos pueden extenderse más de un año.
El refugio es la protección principal frente a persecución. La protección complementaria ofrece otros tipos de protección cuando no hay riesgo de persecución, pero existe peligro grave para la vida o la integridad física.
Las pruebas deben mostrar la probabilidad de persecución o riesgo. Pueden incluir testimonios, documentos oficiales, informes de derechos humanos y pruebas médicas o de seguridad.
Identifique su situación y haga una lista de riesgos reales en su país de origen. Tiempo estimado: 1-3 días.
Recopile documentos personales y cualquier prueba de persecución o daño. Tiempo estimado: 1-2 semanas.
Busque asesoría legal especializada en asilo en Asunción y solicite una primera consulta. Tiempo estimado: 1-3 semanas.
Con el abogado, organice el expediente: relato, pruebas, informes y contactos de testigos. Tiempo estimado: 2-4 semanas.
Presente la solicitud de refugio ante la autoridad competente y prepare la entrevista. Tiempo estimado: 1-2 meses desde la recopilación.
Si es necesario, coordine recursos de apelación o revisión y participe de audiencias con el letrado. Tiempo estimado: 1-6 meses según el caso.
Mantenga seguimiento regular con su asesor legal y las autoridades para conocer avances y requerimientos. Tiempo continuo.
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