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En Santiago, el derecho de Aviación regula la seguridad, operación y responsabilidad de aeronaves, aeropuertos y servicios relacionados. Incluye normas sobre licencias de pilotos, certificación de aeronaves, y derechos de pasajeros ante retrasos o cancelaciones. La autoridad reguladora clave es la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que emite reglamentos y supervisa el cumplimiento.
La jurisdicción chilena exige que las partes cuenten con asesoría especializada para entender obligaciones contractuales, seguros, responsabilidad civil y procedimientos administrativos o judiciales. Un abogado o asesor legal con experiencia en aviación puede facilitar la navegación de trámites ante autoridades, aerolíneas y aseguradoras.
Ley de Aeronáutica Civil - norma marco que regula la operación de aeronaves, certificados de aeronavegabilidad y responsabilidades de las partes. Vigente con reformas y actualizaciones para adaptar las normas a nuevas tecnologías y prácticas de seguridad. En Santiago se aplica a operaciones comerciales, privadas y de carga, así como a procedimientos de certificación.
Reglamento de Seguridad Operacional de la Aviación Civil - conjunto de reglas técnicas para la operación de aeronaves, mantenimiento, inspecciones y seguridad de vuelo. Entró en vigor con modificaciones para reforzar inspecciones y cumplimiento de normas de aeronavegabilidad.
Reglamento para la Operación de Aeronaves No Tripuladas (RPAS) - normativa específica para drones y vehículos aéreos no tripulados, con requisitos de registro, licencias de pilotaje y seguros. Ha sido actualizado para ampliar zonas permitidas de vuelo y para reforzar la seguridad en áreas urbanas como Santiago.
Para cada norma, es fundamental consultar el Diario Oficial y las guías técnicas publicadas por la DGAC Chile, ya que las reglas pueden cambiar y variar según el tipo de operación y el lugar de vuelo.
La Ley de Aeronáutica Civil regula la certificación de aeronaves, licencias de pilotos y seguridad de operaciones. También establece responsabilidades entre aerolíneas, operadores y pasajeros.
Recopile billetes, comprobantes y comunicaciones de la aerolínea. Consúltele a un abogado para preparar una reclamación y, si procede, presentar ante la aerolínea y ante la autoridad competente.
Se aplica cuando hay incumplimiento de las obligaciones de transporte, como retrasos injustificados, cancelaciones o negligencia que cause daño al pasajero.
Debe tratarse ante la DGAC y, si corresponde, ante la autoridad policial, para evaluar infracciones administrativas y civiles. La normativa RPAS regula estas actuaciones.
Para garantizar la seguridad de las personas y del espacio aéreo y para evitar sanciones. Los permisos también aseguran que exista seguro de responsabilidad civil.
Sí. Si hay daño o pérdida cubiertos por la pólica y por contratos con la aerolínea, un asesor legal puede auxiliar en la reclamación y en la negociación.
No siempre, pero un especialista puede ayudar a entender la infracción, preparar recursos y gestionar la defensa ante autoridades regulatorias.
Sí. Un letrado puede evaluar coberturas, exclusiones y límites, y proponer soluciones para evitar sorpresas ante siniestros.
Depende de la complejidad, pero suele variar entre 3 y 9 meses, contando gestiones con aerolíneas y autoridades.
Sí. Los drones con fines comerciales requieren registro, certificación de piloto y cumplimiento de normas de seguridad y de espacio aéreo.
La administrativa se tramita ante organismos reguladores y aerolíneas; la civil va ante tribunales y puede buscar indemnización por daños.
“Remote pilots must comply with the rules for flying in controlled airspace.”Fuente: FAA.gov
“Safety is the primary objective of aviation regulations.”Fuente: NTSB.gov
“Transparent governance strengthens passenger rights and aviation safety.”Fuente: World Bank - worldbank.org
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