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La bancarrota es un conjunto de procedimientos para la reorganizacion o liquidacion de deudas cuando una persona o una empresa no puede cumplir con sus obligaciones. En Argentina, la materia se rige principalmente por la Ley de Concursos y Quiebras Nro 24.522 y por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion. En la ciudad de Buenos Aires, los tribunales locales aplican estas normas junto con reglas de competencia y procedimientos propios.
El objetivo central es proteger a acreedores y al deudor, buscando alternativas para reestructurar deudas o, si corresponde, ordenar una liquidacion ordenada de bienes. Este marco legal contempla concursos preventivos, acuerdos extrajudiciales y quiebras como opciones dependiendo de la situacion economica y patrimonial del deudor. En Buenos Aires, las decisiones suelen depender de la situacion crediticia, de la capacidad de pago y de la posibilidad de alcanzar acuerdos con acreedores.
Un asesor legal especializado puede ayudar a atravesar los pasos iniciales y a gestionar los riesgos juridicos. A continuacion, 6 escenarios concretos que suelen presentarse en Buenos Aires:
Esta norma regula los procedimientos de concursos preventivos, acuerdos, y quiebras de personas y empresas. Su disposicion fija calendarizacion de presentaciones, responsabilidades de administradores y criterios de prioritizacion de acreedores. En la practica, los tribunales locales aplican esta ley para resolver conflictos de deuda y restructuracion.
“La Ley de Concursos y Quiebras regula los procedimientos de reorganizacion y liquidacion de deudas.”
Fuente: InfoLEG - Ley 24.522
El CCCN regula las relaciones obligacionales, contratos y derechos de propiedad que impactan en procesos de insolvencia. En 2015 entro en vigencia este codigo, que consolida normas anteriores y establece pautas para el tratamiento de acreedores y deudores en situaciones de imposibilidad de pago.
“El CCCN regula las relaciones obligacionales y las consecuencias de la insolvencia en contratos.”
Fuente: InfoLEG - Codigo Civil y Comercial de la Nacion
Además de las leyes anteriores, existen reglamentos y resoluciones que facilitan procedimientos, como reglas sobre presentaciones, reliefs temporales y criterios de aprobacion de planes. En Buenos Aires, los reglamentos complementarios se aplican a nivel nacional y deben ser interpretados por los tribunales locales para casos concretos.
Importante: no existe una “ley local de bancarrota” exclusiva para la ciudad; la materia se rige principalmente por normas federales. La jurisdiccion porteña y la provincia de Buenos Aires pueden requerir adaptaciones procesales acorde a su organización judicial y a sus reglas de competencia.
Es un proceso para presentar una restructuracion de deudas y preservar la empresa. El plan requiere aprobacion de acreedores y audiencia ante el juez.
Se presenta una petition ante el juez competente, acompañada de estados contables y pruebas de insolvencia. Luego se designa un administrador y se abre el proceso de liquidacion.
Los honorarios varian segun complejidad, tiempo y territorio. Consulte presupuestos y referencias antes de iniciar el proceso.
Inmediatamente cuando identifique insolvencia o reciban requerimientos de acreedores. Es clave actuar rapido para preservar derechos y opciones de restructuracion.
Use portales oficiales como InfoLEG para textos legales y el Poder Judicial para jurisprudencia. Evite guias no verificadas.
Un letrado facilita la evaluacion de viabilidad de planes, evita errores procesales y coordina con acreedores para lograr acuerdos razonables.
Es posible, pero altamente desaconjable. La falta de asesoramiento puede implicar rechazo de planes o sanciones. Es preferible contar con experiencia.
Si hay posibilidad de acuerdo, la reestructuracion puede reducir costos y preservar negocio. Un asesor evalua alternativas y plazos.
No. El concurso preventivo busca reestructurar deudas, la quiebra implica liquidar activos para pagar credores. El resultado varía segun el caso.
Los privilegiados tienen garantias o preferencia de cobro. Los comunes son pagados despues de los privilegiados, dependiendo de fondos disponibles.
Depende de la complejidad y acuerdos. En promedio, un concurso puede durar de 6 a 18 meses en etapas principales.
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