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El corretaje es la intermediación mercantil entre comprador y vendedor para facilitar acuerdos y acuerdos de venta, alquiler o gestión de bienes. En Girón, como en el resto de Colombia, las agencias y asesores de corretaje deben cumplir normas nacionales y, a nivel local, registrarse ante las entidades competentes para ejercer de forma legal. La figura del corretaje implica recibir una comisión por la intervención que facilita la operación.
La regulación del corretaje abarca contratos, transparencia de la información y protección de datos de clientes. Es importante entender que el corretaje puede aplicar a bienes inmuebles, vehículos y otros activos, y que los contratos deben detallar honorarios, plazo y obligaciones de cada parte. Un asesor legal puede revisar cláusulas y asegurar el cumplimiento normativo vigente en Girón y Santander.
En Colombia, el corretaje se rige por normas de alcance nacional, y en Girón las prácticas deben ajustarse a estas reglas, así como a la normativa local aplicable. A continuación se destacan leyes y regulaciones relevantes para la actividad de corretaje en general.
El Código de Comercio regula los actos de comercio y los contratos mercantiles, incluyendo los contratos de corretaje entre comerciantes. Establece reglas sobre intervenientes, comisiones y responsabilidad de las partes. Mantiene vigencia con reformas parciales que actualizan prácticas mercantiles modernas.
Fuente: Consejo normativo de comercio y legislación vigente - texto base del Código de Comercio colombiano
Referencias oficiales para consulta: MinCIT y SIC.
El Estatuto del Consumidor regula derechos y deberes en la contratación de bienes y servicios, incluida la información clara y veraz, así como mecanismos de reclamación. Es relevante para las prácticas de corretaje que involucren compradores y usuarios finales.
Fuente: Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor (parámetros de transparencia y protección al usuario)
Consultar: SIC.
La Ley 1581 regula el manejo de datos personales de clientes por parte de empresas y asesores. En corretaje, es clave obtener consentimiento, cumplir con finalidades limitadas y seguridad de la información.
Fuente: Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales (principios de tratamiento y seguridad)
Este decreto consolida regulaciones del sector comercio, incluyendo disposiciones administrativas aplicables a agencias de corretaje y contratación mercantil. Proporciona marco para trámites, registro y buenas prácticas comerciales.
Notas sobre contexto local: en Girón y Santander, las agencias de corretaje suelen gestionar registros mercantiles ante la Cámara de Comercio correspondiente y deben cumplir normativas municipales y departamentales. La normativa nacional establece las bases, y las autoridades locales emiten guías de implementación y registro.
Fuente: Decreto 1072 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio
Un contrato de corretaje formaliza la intermediación entre comprador y vendedor y establece honorarios, alcance y duración. Es recomendable tenerlo por escrito para evitar disputas.
Un corredor inmobiliario facilita transacciones, verifica información, negocia términos y gestiona documentos; no es comprador ni vendedor, sino mediador autorizado.
La comisión suele estar pactada en el contrato y puede ser un porcentaje del valor de la operación o una tarifa fija. Debe estar clara y aceptada por ambas partes.
Debe exigirse información veraz y suficiente sobre características, precio, cargas y estado legal. Esto reduce riesgos y posibles reclamaciones.
No. La Ley de Protección de Datos exige consentimiento para el tratamiento y establece derechos de acceso, rectificación y supresión.
Verifique el registro mercantil y la experiencia en la Cámara de Comercio local, además de verificar licencias y antecedentes de cumplimiento.
Revise el contrato, documente la intervención y, si procede, consulte a un abogado para iniciar resolución de conflictos o reclamación judicial mínima.
Revisen las cláusulas de terminación y penalidades; algunas cláusulas permiten terminaciones anticipadas con ciertas condiciones y notificaciones.
Incluya en el contrato de corretaje obligación de divulgación de cargas, verificación de escrituras y garantías, y plazos claros de intervención.
La resolución puede tardar entre 2 y 6 meses en procesos de conciliación o 6 a 12 meses si llega a una vía judicial, según la complejidad.
Sí. Un abogado puede detectar cláusulas ambiguas, riesgos y asegurar que el documento cumpla con la normativa vigente y proteja sus intereses.
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