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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
El corretaje inmobiliario en Vicente López se apoya principalmente en normas de derecho civil y comercial a nivel nacional, complementadas por regulaciones provinciales y municipales. La actividad implica la intermediación en la compra, venta o alquiler de bienes inmuebles y la gestión de honorarios entre las partes. Un asesor legal especializado puede revisar contratos, condiciones de exclusividad y cláusulas de responsabilidad para evitar riesgos jurídicos.
En Vicente López, las operaciones de corretaje inmobiliario se rigen principalmente por normas nacionales aplicables en todo el país y ciertas reglas locales. A continuación se señalan leyes relevantes y su alcance general.
“Código Civil y Comercial de la Nación regula la contratación y la buena fe en los contratos de corretaje.”
Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) - vigente desde 1 de agosto de 2015. Este cuerpo normativo define principios de contrato, obligaciones de las partes y responsabilidad ante incumplimientos, con especial atención a la intermediación inmobiliaria.
“La Ley de Defensa del Consumidor protege a compradores y usuarios frente a prácticas abusivas y publicidad engañosa.”
Fuente: Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) - vigente desde 1993, con reformas y actualizaciones para ampliar derechos de los consumidores en transacciones inmobiliarias y servicios asociados.
“La Ley de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de información de clientes por parte de profesionales y agencias.”
Fuente: Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) - vigente desde 2000, con reglamentaciones posteriores para el manejo de datos en operaciones de corretaje y publicidad.
Adicionalmente, en Vicente López pueden existir ordenanzas municipales que regulan publicidad, etiquetas y prácticas de agencias inmobiliarias dentro del partido. Estas ordenanzas locales buscan asegurar publicidad veraz y prácticas comerciales transparentes, complementando las normas nacionales.
El corretaje inmobiliario es la intermediación entre comprador y vendedor para facilitar una operación. El profesional de corretaje asesora, negocia condiciones y coopera con abogados en la formalización del contrato. Su función principal es garantizar claridad en precios, commissions y plazos.
Debe contener claramente la identificación de las partes, el objeto de la intermediación, la comisión y su base de cálculo. También debe especificar duración, exclusividad, plazos de pago y condiciones de terminación. Un abogado puede revisar cláusulas y proponer modificaciones razonables.
La comisión suele acordarse entre 2 y 4 por ciento del precio de venta, dependiendo del mercado y el tipo de transacción. También pueden existir gastos por tasaciones, informes y stipulaciones notariales. Un asesor legal ayuda a fijar costos y evitar cargos ocultos.
La revisión registral y de gravámenes suele tardar entre 7 y 15 días hábiles, según la complejidad del inmueble. Si surgen observaciones, el plazo puede extenderse a 30 días. Un abogado coordina la diligencia y la comunicación entre partes.
Para transacciones complejas o de alto valor, sí; para operaciones pequeñas, puede ser suficiente asesoría básica. En todo caso, un profesional ayuda a evitar errores de título, cláusulas abusivas y incumplimientos contractuales. Evalúe el riesgo y el monto involucrado.
Un abogado puede representar legalmente ante tribunales y redactar documentos con fuerza ejecutiva. Un asesor legal ofrece orientación y revisión de contratos sin representación judicial. Ambos roles se complementan en corretaje inmobiliario.
No siempre; la legislación busca evitar restricciones excesivas. Un abogado debe revisar la duración, las condiciones de rescisión y las responsabilidades de cada parte. Se recomienda clarificar la terminación y las consecuencias en caso de incumplimiento.
El vendedor debe revelar toda información relevante, y el título debe ser libre de gravámenes al momento de la venta. Si surgen gravámenes, el comprador puede exigir su cancelación o renegociar condiciones. Un abogado realiza la diligencia y propone soluciones.
La publicidad debe reflejar condiciones reales, precios y características. La Ley de Defensa del Consumidor protege frente a anuncios engañosos. Si detecta irregularidades, un letrado puede asesorar sobre reclamaciones y resarcimientos.
Primero, verifique credenciales y referencias del profesional. Luego, pida un presupuesto y lea el contrato de corretaje. Finalmente, firme solo cuando todas las cláusulas le parezcan razonables y transparentes.
Identificación de las partes, copias del registro de propiedad, estatutos de la inmobiliaria, y el borrador del contrato. También se requieren pruebas de titularidad y informes de gravámenes. El abogado prepara un checklist específico para la operación.
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