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El registro de empresas en Buenos Aires abarca la constitución, inscripción y publicidad de personas jurídicas ante autoridades locales y nacionales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la inscripción de sociedades se realiza principalmente ante la Junta Comercial de la Ciudad de Buenos Aires (JCBA) y, para ciertos actos, ante la Inspección General de Justicia (IGJ) a nivel nacional. Estos procesos aseguran la legitimidad, publicidad y cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.
La normativa combina reglas de derecho civil, comercial y administrativo. Para residentes y emprendedores, entender quién regula qué paso ayuda a evitar demoras y sanciones. Las decisiones de registro afectan desde la denominación social hasta la capacidad de la empresa para emitir facturas y contratar empleados.
“La Inspección General de Justicia regula la inscripción, publicidad y control de actos societarios en el ámbito de la Ciudad y la Nación.”
Fuente: Inspección General de Justicia (IGJ) - argentina.gob.ar/igj
El marco normativo relevante incluye el Código Civil y Comercial de la Nación (CCC), que regula la constitución y funcionamiento de las personas jurídicas en general. Este código entró en vigor en 2015 y establece principios para la formación de sociedades, derechos de accionistas y publicidad de actos.
También rige la Ley de Sociedades Comerciales, conocida por su normativa sobre la creación, modificación y disolución de sociedades. Aunque su marco está sujeto a reformas, sigue siendo clave para aspectos estructurales de las empresas. Además, las resoluciones y reglamentos de IGJ y JCBA complementan estas normas con requisitos específicos de inscripción y publicidad.
En la Ciudad de Buenos Aires, las decisiones de constitución, modificación estatutaria y liquidación deben cumplir con la normativa de JCBA y, cuando corresponde, con las directrices de IGJ a nivel nacional. Este cruce de normativas exige asesoría profesional para evitar errores formales.
Es la inscripción de actos societarios ante JCBA o IGJ para hacer operativa y pública la existencia de la empresa.
Debe redactar el contrato social, presentar la documentación ante JCBA y completar los trámites de publicación y registro.
Los aranceles varían según el tipo societario y el monto de capital; un profesional puede estimar costos de gestión y tasas oficiales.
Con documentación completa, la inscripción suele tardar entre 1 y 3 semanas, dependiendo de la carga de trabajo de la oficina.
Si es la primera vez o hay estructuras complejas, un letrado facilita la preparación de documentos y evita errores que provoquen demoras.
La SRL tiene responsabilidad limitada para socios y capital social menor; la SA admite mayor escala y distribución de acciones, con requisitos de gobernanza distintos.
La inscripción de actos societarios se realiza ante JCBA; cambios relevantes pueden requerir aviso ante IGJ para ciertas jurisdicciones.
Sí, pero requiere inscripción específica y cumplimiento ante JCBA, AFIP y posibles autoridades provinciales.
Sí, pero deben comunicarse y publicarse ante el registro correspondiente para que tenga efectos legales.
Es la difusión pública de actos como constitución, cambios de capital y reformas, para efectos de publicidad registral.
Puede haber nullidad de actos, sanciones administrativas y pérdida de legitimidad frente a terceros.
Al quedar registrado, se emite un certificado que acredita la inscripción; el letrado puede gestionarlo ante JCBA/IGJ.
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