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El abuso infantil es una vulneración grave de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En Mendoza, las autoridades aplican marcos legales nacionales que protegen a menores frente a cualquier forma de abuso físico, sexual, psicológico o neglectivo. Estas normas permiten activar medidas de protección inmediata y procesos penales cuando corresponde.
La protección de la infancia se organiza alrededor de la intervención de jueces de familia y niñez, del Ministerio Público Fiscal y de organismos de protección de derechos. El objetivo es garantizar la seguridad de la víctima, la reintegración social y la reparación del daño cuando sea posible. Los derechos del niño son prioridad en todos los actos de la justicia y la intervención policial y social debe ser inmediata ante una denuncia.
En Mendoza, la protección de la infancia se apoya principalmente en la normativa nacional que regula derechos de niñas, niños y adolescentes. Estas reglas orientan la actuación de jueces, fiscales y defensores públicos en casos de abuso o violencia contra menores.
1) Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 26.061- establece derechos fundamentales y principios de protección, atención y reparación para menores. Esta norma regula, entre otros, las medidas de protección de víctimas y la intervención de equipos interdisciplinarios.
La Ley 26.061 busca asegurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a toda forma de violencia y abuso.
Fuente: Ley 26.061 - Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
2) Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada en la Constitución Nacional, otorga un marco internacional de derechos de infancia que rige a nivel local. Esto implica que las normas nacionales deben interpretarse con enfoque de interés superior del niño y protección especial ante abusos.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece derechos fundamentales para la infancia y su tratamiento debe priorizar su interés superior.
Fuente: Convención sobre los Derechos del Niño.
3) Código Penal de la Nación, que tipifica actos de abuso y delitos contra la integridad sexual de menores, aplicable en Mendoza a través de la jurisdicción provincial. Este marco penal contempla las conductas que constituyen abuso, explotación o violencia sexual contra menores y las sanciones correspondientes.
El Código Penal establece delitos contra la integridad sexual de menores y tipifica conductas de abuso y explotación sexual.
Fuente: Código Penal Nacional.
Se refiere a cualquier acción u omisión que ponga en riesgo la salud física o mental de una persona menor. Incluye violencia física, abuso sexual, negligencia y situación de riesgo. La protección prioriza la seguridad de la menor o el menor afectado.
Puede acudir a la policía local o a la Unidad Fiscal especializada en Niñez y Adolescencia. También puede asesorarse por un abogado o defensor público para iniciar una denuncia formal y activar medidas de protección.
Las primeras medidas de protección suelen implementarse en días hábiles, pero la tramitación completa de la causa puede extenderse semanas o meses, dependiendo de la complejidad y la disponibilidad de pruebas.
La ley prevé mecanismos de protección y apoyo social para víctimas y familiares. Un asesor legal puede gestionar medidas de protección, asistencia social y posibles ayudas educativas o psicológicas.
Sí. Un letrado especializado en infancia puede orientar sobre derechos, procedimientos y acompañar durante audiencias, además de coordinar con defensorías oficiales.
Es el principio rector que prioriza la protección de derechos y la seguridad del menor en cualquiera de sus actuaciones. Se aplica en decisiones judiciales, administrativas y educativas.
Inicia con denuncia, medidas de protección, investigación, audiencia y eventual resolución judicial. En ocasiones se dictan medidas de coerción o destitución de la responsabilidad parental.
La tutela protege a un menor cuando sus padres no pueden hacerlo. Un juez puede designar un tutor provisional o definitivo para asegurar su protección y derecho a la educación y salud.
La protección de la infancia prioriza salvaguardar derechos y seguridad del menor. Los procesos penales buscan sancionar conductas abusivas y prevenir futuras violaciones.
Las entrevistas deben hacerse por personal capacitado para evitar revictimización. Se suelen usar métodos sensibles y, cuando corresponde, grabaciones o declaraciones grabadas con consentimiento y supervisión judicial.
Sí, cuando su edad y madurez lo permitan, se debe considerar su opinión y prepararlo para participar de forma apropiada. En algunos casos se realizan entrevistas especiales en sala adecuada.
Las denuncias deben basarse en pruebas. Si se comprueba mala fe, pueden imponerse sanciones administrativas o penales a quien presentara la denuncia sin fundamento.
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