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El abuso infantil abarca actos físicos, sexuales, negligencia y explotación que afectan a menores de 18 años. En San Justo, la protección de las niñas, niños y adolescentes se aplica con base en la normativa nacional y provincial vigente. Las víctimas y sus familiares pueden buscar asesoría legal para denunciar, obtener medidas de protección y reclamar reparaciones. Los procesos suelen involucrar a la policía, al Ministerio Público Fiscal y a los tribunales de familia o de garantías, con intervención de equipos interdisciplinarios en distintos momentos del procedimiento.
Ley 26.061 - Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (nacional). Vigente desde 2005, establece derechos, deberes y procedimientos para la protección de NNA, con intervención de equipos interdisciplinarios y obligación de denuncia por parte de profesionales y autoridades. Se aplica en todo el territorio, incluido San Justo, y se complementa con normas provinciales y municipales.
La Ley 26.061 garantiza la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Fuente: Argentina Gobierno - Ley 26.061
Código Penal de la Nación - Delitos contra la libertad e integridad sexual de menores (Artículos 119 y 120, entre otros). Estas disposiciones tipifican y sancionan el abuso sexual contra menores y se aplican en el marco de las investigaciones en San Justo. Es importante consultar el texto vigente para conocer los conceptos y las penas actuales.
Los delitos contra la libertad sexual de menores están tipificados en el Código Penal y pueden dar lugar a sanciones penales significativas.
Fuente: Argentina Gobierno - Código Penal
Ley provincial de Protección de Niñez y Adolescencia - Provincia de Buenos Aires regula medidas de protección, intervención de autoridades provinciales y servicios sociales en casos que involucren NNA dentro de la provincia, incluyendo San Justo. Su aplicación está sujeta a resoluciones y actualizaciones de la jurisdicción provincial.
La protección de NNA en la provincia se regula también por normas provinciales y resoluciones administrativas.
Fuente: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
El abuso infantil incluye actos físicos, sexuales, negligencia y explotación que afectan a menores de 18 años. La protección se regula principalmente por la Ley 26.061 y el Código Penal.
Puede acudir a la comisaría local, al Ministerio Público Fiscal o a la Defensoría de Niñez. Es recomendable contar con un asesor legal desde la primera denuncia para proteger la evidencia y los derechos del menor.
Cuando se inicia una denuncia, se solicita una medida de protección o se enfrenta una investigación penal, es útil un abogado con experiencia en abuso infantil para orientar la estrategia y la presentación de pruebas.
Las denuncias suelen gestionarse ante la Policía, la Fiscalía local o la Comisaría de la mujer y la familia de la jurisdicción. Tu asesor legal puede indicarte el canal más adecuado según el caso.
Un abogado especializado conoce los plazos, las pruebas necesarias y las medidas de protección. Esto ayuda a acelerar la toma de decisiones y a garantizar el bienestar del menor.
El menor puede testificar en presencia de su representante legal y/o un profesional de apoyo, según la norma y la etapa del proceso. El abogado vela por la protección emocional y la veracidad del testimonio.
Sí. En casos de riesgo inmediato, se pueden solicitar medidas de protección para la víctima y para testigos, durante la investigación y el proceso judicial.
Los honorarios varían por experiencia y región. En San Justo, muchos abogados realizan consultas iniciales. También existen defensas y servicios gratuitos o pro bono en ciertos casos.
La fase de apertura de denuncia puede ser rápida, pero la investigación y las audiencias pueden extenderse meses. En casos complejos, la resolución puede demorar 6-12 meses o más.
Para denuncias penales por abuso sexual, se recomienda un abogado penal. Para reclamaciones de reparación civil, puede ser útil un abogado civil o de familia, según el caso.
La denuncia penal inicia una investigación penal ante un juez. Una denuncia administrativa puede activar medidas administrativas o de protección por una autoridad provincial o municipal sin iniciar un proceso penal.
Sí. Un letrado puede orientar sobre indemnización por daños y perjuicios, gastos médicos y psicosociales, y, si corresponde, coordinar trámites ante el sistema de reparación.
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