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El abuso infantil es una violación grave de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En San Luis Potosí, las autoridades deben proteger a los menores ante cualquier forma de violencia, explotación o daño físico y emocional. Las leyes federales y locales establecen obligaciones para denunciar, investigar y sancionar estos actos, así como mecanismos de protección para las víctimas.
La protección de la infancia implica no solo castigar al agresor, sino también garantizar la seguridad, la salud, la educación y el bienestar del menor. Un profesional legal puede ayudar a avanzar en medidas de protección, denuncias formales y procesos judiciales, siempre priorizando la seguridad del menor afectado. En casos de riesgo inmediato, la actuación rápida de las autoridades puede salvar vidas.
“La infancia debe ser protegida y sus derechos respetados, especialmente ante cualquier forma de abuso.” - Fuente: CNDH
“Todo niño tiene derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como a vivir libre de violencia.” - Fuente: UNICEF México
En San Luis Potosí, las reformas y modificaciones a estas normas se publican en el Periódico Oficial del Estado y en los portales oficiales del Poder Legislativo. Para información específica de artículos y numeración, se recomienda consultar el texto vigente en el Congreso del Estado y el DOF para normas federales.
Es cualquier acto que dañe la integridad física o psicológica de una persona menor, incluyendo violencia, explotación sexual y negligencia. La LGDNNA define estos derechos y establece obligaciones de protección.
Puede acudir a la Fiscalía General del Estado o a la Fiscalía de su municipio, o llamar a líneas de atención; se requieren datos del menor y evidencia disponible para activar la protección.
Cuando haya riesgo real para el menor, o exista una denuncia formal, una orden de protección o una posible presentación de cargos. Actuar rápido facilita la protección y la recolección de pruebas.
En algunos municipios existen defensores públicos o clínicas jurídicas universitarias que orientan en casos de violencia familiar y abuso infantil; también pueden existir programas de asistencia social.
Porque se entrelazan procesos penales y medidas de protección para el menor, así como decisiones de guarda y custodia. Un letrado coordina estrategias y protege derechos procesales.
Las declaraciones deben ser manejadas con un enfoque sensible y protegidas por las autoridades; el representante legal del menor garantiza derechos, confidencialidad y trato adecuado.
Sí si hay riesgo inmediato para el menor. Un abogado gestiona la solicitud ante la autoridad competente y explica sus alcances y duración.
Sí, cuanta más evidencia haya (informes médicos, escolares, testigos), más sólida será la protección y la defensa en el proceso.
La valoración profesional puede ayudar a demostrar daño o necesidad de protección; el letrado coordina la evaluación y protege confidencialidad.
Los plazos varían; una denuncia puede avanzar en semanas, pero la etapa probatoria y resoluciones pueden extenderse meses o años, dependiendo del caso.
La denuncia la inicia cualquier ciudadano ante la autoridad; la querella la presenta la víctima o su representante y da inicio a un proceso penal formal.
Las autoridades suelen solicitar pruebas, pero la denuncia inicial puede activar medidas de protección mientras se recolectan evidencias.
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