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La custodia de hijos, también llamada guarda y custodia, regula qué progenitor toma decisiones clave sobre el menor y con qué régimen de convivencia permanece el niño o la niña tras una separación. En La Paz, Baja California Sur, estas decisiones buscan garantizar el interés superior del menor y la posibilidad de mantener vínculos con ambos padres cuando sea adecuado para su desarrollo. Las resoluciones se emiten en procesos judiciales o, cuando es posible, mediante acuerdos entre las partes.
En Baja California Sur, la guarda y custodia se regula principalmente por el Código Civil local, complementado por la legislación federal sobre derechos de la infancia. El principio clave es el interés superior del menor, que orienta cualquier resolución judicial o acuerdo entre las partes. La legislación también contempla mecanismos de mediación y, cuando corresponde, intervención judicial para proteger al menor.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece derechos y medidas de protección aplicables a nivel federal y, por tanto, se aplica en La Paz para garantizar educación, salud y desarrollo integral del menor. Todo cambio relevante debe respetar ese marco y las normas locales vigentes en el estado. Para confirmar textos oficiales, consulte las publicaciones en los portales oficiales del Congreso de Baja California Sur y el Diario Oficial de la Federación.
Enlaces útiles para ver las bases legales:
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es prioridad para las autoridades y debe guiar las decisiones de guarda y custodia en todo el país. Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF) y LGDNNA - Gob.mx
El interés superior del menor debe ser el eje de cualquier resolución de custodia, promoviendo la convivencia con ambos progenitores cuando ello no afecte su seguridad y desarrollo. Fuente: CJF y LGDNNA - Gob.mx
La LGDNNA establece que las decisiones sobre la guarda deben buscar la protección, educación y desarrollo integral de la niñez, con mecanismos de mediación y judicialización cuando sea necesario. Fuente: UNICEF México
La guarda determina quién toma decisiones diarias de cuidado y educación. La custodia puede ser compartida o exclusiva, y se ajusta a la convivencia y el bienestar del menor.
Se presenta una demanda ante el juez de lo familiar o civil competente. Debe incluir historial, pruebas y un plan de crianza propuesto.
Cuando cambie significativamente la situación de uno de los progenitores y ello afecte el interés del menor, se puede solicitar una revisión ante el juez.
La demanda se presenta en el juzgado de lo familiar o civil que corresponda al domicilio del menor o de alguno de los progenitores.
Este principio guía todas las decisiones para garantizar un desarrollo sano, seguridad y estabilidad emocional del menor.
Sí. Un acuerdo firmado ante asesoría legal y, si procede, ante un juez, puede evitar un proceso contencioso y facilitar un plan de crianza claro.
Sí. Un abogado de familia evalúa su situación, identifica pruebas necesarias y prepara la estrategia adecuada para el caso.
Es posible, pero debe sustentarse con evidencia de riesgo o daño. El juez evaluará medidas de protección y convivencia necesaria.
Se deben considerar honorarios legales, costos judiciales y posibles gastos de peritajes o mediación. Los importes varían por caso.
Los plazos dependen de la carga de trabajo y de la complejidad, pero los procesos pueden durar varios meses. Es común una etapa de mediación previa.
Se solicitan comprobantes de domicilio, actas de nacimiento y, si corresponde, historial escolar y de salud del menor.
La custodia implica la responsabilidad de crianza y decisiones, mientras la tutoría se refiere a la representación legal del menor ante autoridades.
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