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La custodia de hijos es un conjunto de derechos y deberes que regula con quién vive el menor y cómo se toman las decisiones de crianza tras una separación o ruptura. En Necochea, la normativa se aplica a nivel nacional y federal, y se complementa con las disposiciones provinciales de Buenos Aires. El principio central es proteger el interés superior del niño en todas las decisiones.
La legislación busca garantizar estabilidad, vínculos familiares y el acceso a educación, salud y protección. El marco normativo favorece la coordinación entre progenitores y, cuando es posible, la guarda compartida para favorecer el desarrollo del menor. En Necochea, las cuestiones de custodia se tramitan ante los juzgados de familia o de paz según corresponda en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) regula la guarda, la custodia y las relaciones entre progenitores. En Necochea se aplica este código en su versión vigente desde 2015 y se ha orientado a favorecer la guarda compartida y el interés superior del menor. La normativa se aplica de forma homogénea en todo el país, con interpretación por los tribunales locales.
Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) establece principios y medidas de protección para menores y facilita mecanismos de intervención ante riesgos. Vigente desde 2005 y con reformas subsecuentes, guiding el procedimiento de caution y las medidas de protección en procesos de familia. Evoca además el principio de prioridad al interés del menor en disputas de custodia.
Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es un tratado internacional ratificado por Argentina y aplicado en el marco de la legislación interna. Refuerza el interés superior del niño y la protección de sus derechos básicos en contextos de familia, incluido el establecimiento de acuerdos de convivencia. Su influencia se nota en las decisiones locales de custodia, mediación y condiciones de vida del menor.
La guarda determina con qué progenitor vive el menor y su crianza diaria, mientras la custodia abarca las decisiones importantes. En la práctica, ambas figuras se orientan a proteger el interés superior del niño y la continuidad educativa y afectiva. Un abogado puede explicarte las diferencias y el plan más adecuado para tu caso.
Debe acercarse al Juzgado de Familia o al competente en su localidad para presentar una demanda de guarda. Adjunte datos del menor, antecedentes familiares y, si existe, un acuerdo provisional. Un asesor legal prepara la demanda y orienta sobre la mediación previa cuando corresponde.
Los honorarios varían según la complejidad y la duración del proceso. Muchos letrados ofrecen consulta inicial y un presupuesto por escrito. También existen servicios de mediación que pueden reducir costos si se llega a acuerdos tempranos.
Los tiempos suelen oscilar entre 6 y 12 meses cuando hay acuerdo o diligencias simples. Si hay conflictos o recursos, el proceso puede extenderse a 12-24 meses. Los plazos dependen de la carga de trabajo del juzgado y de la cooperación entre las partes.
No es obligatorio, pero es muy recomendable. Un letrado facilita la recopilación de pruebas, la redacción de la demanda y la defensa de tus derechos. También puede orientar sobre estrategias de mediación y negociación.
La guarda compartida implica vivir y tomar decisiones con ambos progenitores, salvo excepciones. La guarda exclusiva asigna la custodia principal a un solo progenitor, con reglas de visitas para el otro. La consulta legal ayuda a evaluar cuál opción protege mejor al menor.
Sí. Se puede solicitar una revisión cuando cambian sustancialmente las circunstancias del menor o de los progenitores. El proceso requiere demostrar el cambio y presentar pruebas pertinentes ante el juzgado.
Se deben aportar documentos que evidencien cambios relevantes: ingresos, vivienda, salud del menor, rendimiento escolar y relación con ambos progenitores. Los informes de salud, escolares y sociales pueden ser decisivos en la decisión judicial.
Sí. Una mudanza que afecte el interés superior del niño puede exigir una revisión de la guarda y del régimen de visitas. El tribunal evalúa la viabilidad de la convivencia y el impacto en el menor.
La educación y la salud del menor son factores relevantes para determinar la mejorguardia y el plan de crianza. Los informes escolares y médicos pueden influir en la decisión del tribunal.
La mediación busca acuerdos entre progenitores con la ayuda de un tercero. En muchos casos es obligatoria antes de acudir a la vía judicial. Puede ahorrar tiempo y costos y favorecer acuerdos duraderos.
Priorice la estabilidad emocional, educativa y de salud del menor. Evite conflictos que afecten su desarrollo y busque acuerdos con el asesoramiento de un letrado especializado en familia.
Puede solicitar el cumplimiento forzado ante el juzgado, mediante medidas de ejecución. Un abogado orienta sobre las herramientas legales disponibles y sus plazos.
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