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La custodia de hijos forma parte del derecho de familia y se orienta al interés superior del menor. En Villa Gesell, estos asuntos se rigen por el Código Civil y Comercial de la Nación y por la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Los casos pueden prever guarda compartida o guarda exclusiva, con un régimen de visitas para el progenitor no custodio.
La jurisdicción corresponde a los tribunales de la Provincia de Buenos Aires que atienden el Partido de la Costa, donde se tramitan las medidas de guarda y convivencia. El objetivo es garantizar la seguridad, educación y desarrollo afectivo del menor, preservando sus vínculos familiares. Las decisiones se fundamentan en el interés superior del niño y en pruebas concretas presentadas por las partes.
Código Civil y Comercial de la Nación (CCC) - Regula la materia de familia y establece principios para la guarda y la convivencia de los hijos, promoviendo la guarda compartida cuando sea posible y el interés superior del menor. En Villa Gesell, se aplica este código vigente desde 2015, adaptando criterios de estabilidad, educación, salud y vínculos afectivos.
Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26.061) - Establece medidas de protección y derechos de los menores frente a situaciones de vulnerabilidad. Regula, entre otros aspectos, la necesidad de intervenir para salvaguardar la integridad física y emocional de los niños y facilita la intervención de servicios sociales cuando hay riesgo.
Jurisprudencia y reglamentaciones provinciales - La Provincia de Buenos Aires y el Poder Judicial local publican reglas procesales y criterios de aplicación en procesos de familia. En particular, se analizan informes de salud, educación, desarrollo y vínculos afectivos para determinar la idoneidad de la guarda y las visitas en Villa Gesell.
“El interés superior del niño debe ser la consideración primaria en todas las medidas que afecten a un menor.”
UNICEF Argentina
“En las causas de familia, los Estados deben garantizar condiciones para que el menor crezca en un entorno seguro y afectivo.”
OHCHR - Derechos del Niño
La guarda compartida implica que ambos padres participan en las decisiones y cuidados del menor. Se aplica cuando no hay riesgo para el menor y hay capacidad de cooperación entre los progenitores. El juez valorará la estabilidad educativa y emocional del menor antes de ordenar este esquema.
Debe presentar una demanda ante el Juzgado de Familia correspondiente al domicilio del menor o de alguno de los progenitores. Adjunte certificado de nacimiento, estado civil, prueba de residencia y antecedentes de cuidado. Es recomendable contratar un asesor legal para orientar la solicitud y preparar pruebas.
El costo varía según la complejidad y la experiencia del letrado. Puede haber consulta inicial con cargo y honorarios que se acuerdan por escrito. Existen opciones de defensa pública si corresponde y se cumplen requisitos de elegibilidad.
El interés superior del niño es el criterio rector de cualquier decisión. El juez evalúa seguridad, educación, salud y vínculos afectivos. En Gesell se considera también la continuidad de la red de apoyo y la estabilidad escolar del menor.
Sí, se requieren hechos relevantes como mudanza, cambio de trabajo o deterioro del cuidado actual. Debe demostrar que la modificación mejora el bienestar del menor. Se valoran documentos, testigos y evidencias de vínculos familiares.
La guarda se refiere a la responsabilidad de decisiones y cuidado diario del menor. La convivencia describe con qué frecuencia y en qué lugares permanece el menor. En Villa Gesell, la guarda puede ser compartida o exclusiva, complementada por un régimen de visitas.
Sí, si acredita capacidad para garantizar educación, salud y desarrollo del menor. El juez evalúa la viabilidad de la residencia y la calidad de la relación del menor con ambos progenitores. La decisión se toma por el interés superior del menor.
Se pueden dictar medidas de protección y restricciones de acercamiento. Se puede solicitar una protección inmediata para el menor. El caso se tramita con prioridad y puede implicar intervención de servicios sociales.
Se planifica un calendario de convivencia para vacaciones y periodos de descanso. El juez puede ajustar temporalmente la residencia habitual. Se busca evitar rupturas en la educación y en las rutinas del menor.
Se pueden activar mecanismos de cumplimiento forzoso y sanciones. El tribunal puede imponer medidas correctivas o revisar la guarda. El incumplimiento puede afectar futuros requerimientos y costos procesales.
Sí, cuando exista interés superior que justifique la intervención. Debe demostrar que puede proteger el bienestar del menor y mantener vínculos estables. El juez evalúa seguridad, recursos y afectos.
Sí, un asesor legal ayuda a identificar cláusulas abusivas y a proteger el interés del menor. También puede proponer acuerdos de convivencia alternativos. Una revisión temprana evita conflictos futuros y costos adicionales.
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