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Guía Gratuita para Contratar un Abogado de Familia
La manutención infantil es una obligación legal de los padres para garantizar que los hijos menores tengan acceso a alimentos, vivienda, educación y salud. En Bogotá, estos casos se tramitan principalmente ante Juzgados de Familia o tribunales municipales, y pueden resolverse mediante acuerdos o sentencias judiciales. Este derecho protege a los menores incluso cuando las circunstancias familiares cambian por separación, divorcio o cambios en la situación económica de los padres.
En Colombia, la protección de la infancia y la familia está respaldada por la Constitución Política, que garantiza derechos y protección para la familia y la niñez. Para la gestión de alimentos, se aplican principalmente las normas del Código Civil y del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), junto con jurisprudencia de los juzgados de familia. Estas reglas regulan la obligación de proveer alimentos y las circunstancias para su fijación, modificación y ejecución.
La Ley 1098 de 2006 (Código de la Niñez y la Adolescencia) regula derechos de menores y responsabilidades de los padres, incluyendo medidas de protección y procedimientos ante el sistema judicial. Los procedimientos de alimentos pueden iniciarse por sentencia o acuerdo entre las partes y pueden requerir ejecución si existe incumplimiento. El marco legal también admite modificaciones cuando cambian las circunstancias del menor o de los padres.
"El interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que afecten a niños."
"La obligación de proveer alimentos recae sobre los padres y debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del menor."
"El ICBF protege los derechos de la niñez y la adolescencia, incluyendo medidas para garantizar su bienestar y protección económica cuando corresponda."
La manutención infantil es la obligación de proveer recursos para cubrir necesidades básicas del menor. En Bogotá, suelen ser responsables ambos progenitores de forma proporcional a sus ingresos, según lo determine la autoridad competente.
Necesitará acta de matrimonio o separación, registro civil de los hijos, documentos de identidad, prueba de ingresos de cada progenitor, y gastos del menor. También puede requerirse la situación de custodia.
El juez aplica criterios de ingresos, necesidades del menor y gastos básicos como alimentación, vivienda, educación y salud. Pueden considerarse ingresos de ambos progenitores y cargas familiares.
Puede solicitarse ante cambios sustanciales en ingresos, salario, gastos del menor o necesidades educativas o de salud. En Bogotá, estos cambios deben demostrarse con evidencia actualizada.
La demanda se presenta ante el Juzgado de Familia correspondiente a la jurisdicción de residencia de la persona demandada. Un asesor legal puede guiar sobre el juzgado exacto en Bogotá.
Sí. Si hay incumplimiento, se pueden activar mecanismos de ejecución forzosa, incluyendo retención en nómina, embargo de cuentas y órdenes de pago por la vía judicial.
Debe acudir al juez de familia para activar la ejecución, presentando pruebas de incumplimiento. Las autoridades pueden imponer medidas para asegurar el pago.
No es obligatorio contratar abogado, pero facilita la recopilación de documentos, el manejo de plazos y la defensa de sus derechos ante el juez.
La pensión debe cubrir necesidades básicas y educación, atención en salud y vivienda. La extensión exacta se determina en cada caso por el juez de familia.
Sí, en ciertos casos se puede reclamar alimentos retroactivos desde la fecha de la demanda o desde cuando el menor tenía necesidad no atendida, dependiendo de la evidencia.
Un acuerdo es un arreglo entre las partes. Una sentencia es una decisión judicial que fija la pensión y puede ejecutarse si existe incumplimiento.
La duración depende de la carga del juzgado y de la complejidad del caso. En casos simples, la resolución inicial puede tardar entre 3 y 6 meses.
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