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Guía Gratuita para Contratar un Abogado de Familia
La manutención infantil es una obligación legal que busca garantizar alimentos, educación, salud y vivienda adecuadas para los menores. En San Martín, como en el resto de la Provincia de Buenos Aires, estas obligaciones se regulan principalmente por normas de alcance nacional y por la práctica judicial de los Juzgados de Familia y de lo Civil, Comercial y de Familia. La finalidad es asegurar el bienestar del menor independientemente de la situación de los progenitores.
El enfoque actual prioriza el interés superior del niño, la regularidad de los pagos y la revisión periódica de las cuotas ante cambios en las circunstancias de los padres. Las decisiones pueden requerir medidas provisionales para asegurar ingresos durante el proceso judicial. Un asesor legal puede orientar sobre la mejor estrategia para cada caso concreto en San Martín.
Escenario 1: el progenitor no paga la cuota alimentaria acordada o impuesta. Un letrado puede iniciar acciones de cobro, solicitar medidas cautelares y hacer seguimiento de ingresos o bienes para asegurar el pago.
Además, el abogado puede gestionar ejecuciones de sentencia y presentar informes de cambios de circunstancias para ajustar la cuota.
Escenario 2: discrepancias entre lo acordado y las necesidades reales del menor, por ejemplo gastos de educación o salud no contemplados inicialmente. Un asesor legal puede pedir una revisión y presentar evidencia actualizada de gastos y necesidades.
Esto puede implicar una modificación de la cuota para reflejar cambios en ingresos o en la situación del menor.
Escenario 3: conflicto entre progenitores sobre la custodia y la atribución de gastos vinculados al menor. Un abogado de familia puede mediar, presentar pruebas y orientar sobre el mejor régimen de convivencia y apoyo económico.
La intervención profesional facilita acuerdos judiciales o decisiones administrativas más claras y equitativas.
Escenario 4: necesidad de medidas provisionales mientras dura el proceso, como una cuota temporal para cubrir gastos inmediatos. Un asesor legal puede solicitar estas medidas ante el juez y justificar la urgencia con documentos de ingresos y gastos.
Las medidas provisionales suelen dictarse para evitar perjuicios al menor durante la tramitación.
Escenario 5: orientación sobre trámites en la Jurisdicción de San Martín y la documentación necesaria para iniciar o defender un caso de manutención. Un abogado puede ayudar a preparar la demanda, anexos y pruebas de ingresos, gastos y estabilidad del hogar.
Una correcta presentación acelera el proceso y reduce la posibilidad de errores.
Escenario 6: dudas sobre costos, plazos y estrategias de mediación o acuerdo extrajudicial. Un letrado puede evaluar opciones, pintar escenarios probables y elegir la vía más adecuada para cada familia.
Contar con asesoría facilita tomar decisiones informadas y reducir tiempos de resolución.
Las normativas que regulan la manutención infantil en Argentina se basan principalmente en leyes nacionales, aplicables en San Martín. Entre ellas destacan normas del Código Civil y Comercial de la Nación y la legislación de protección de derechos de la infancia. En la práctica, los jueces de familia de la Provincia de Buenos Aires aplican estas reglas para fijar, revisar y hacer cumplir las cuotas.
En San Martín, la jurisprudencia local y las prácticas de mediación y ejecución se apoyan en estas normas y en fallos de tribunales de familia de la Provincia de Buenos Aires. No existen reglas provinciales específicas de manutención independientes de las leyes nacionales; la diversidad de casos se resuelve mediante la aplicación de CCC y de la Ley 26.061 con énfasis en el interés del menor.
“La manutención debe adaptarse a las circunstancias actuales del menor y a la capacidad económica de los padres, con revisión periódica ante cambios relevantes.”
Fuente: UNICEF Argentina
“En Argentina, los procesos de alimentos pueden demorar varios meses; la clave está en presentar pruebas claras y documentación de ingresos y gastos.”
Fuente: Organización Internacional del Trabajo (ILO) - Argentina
Es la obligación legal de proporcionar alimentos, educación, salud y vivienda a un menor. Se determina según ingresos de los padres y necesidades del niño, y puede ser objeto de revisión ante cambios significativos.
Debe presentarse una demanda ante el Juzgado de Familia o Civil correspondiente. Un abogado puede guiarlo, reunir pruebas de ingresos y gastos e iniciar la solicitud de cuota y medidas provisionales.
Cuando hay cambios en ingresos, costos del menor o circunstancias familiares. La revisión suele solicitarse ante el mismo tribunal y puede requerir actualizaciones de pruebas documentales.
En los Juzgados de Familia o de lo Civil, Comercial y de Familia de la jurisdicción de San Martín. Un abogado puede indicar la sede exacta y gestionar la presentación y notificaciones.
El incumplimiento puede activar medidas de ejecución forzosa y posibles sanciones. Un letrado puede solicitar acciones para asegurar el pago y proteger al menor.
No es obligatorio, pero la representación por un abogado facilita la recopilación de pruebas, la argumentación legal y la defensa de los intereses del menor. Muchos expedientes se resuelven más rápido con asesoría profesional.
Se contemplan ingresos y capacidad económica de los progenitores, necesidades del menor, número de hijos y costos educativos y de salud. También influyen la estabilidad laboral y las cargas familiares.
Los alimentos cubren necesidades básicas y educación, mientras que los gastos extraordinarios son aquellos excepcionales como tratamientos médicos no habituales o actividades extracurriculares costosas.
Suele durar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la carga de expedientes y la complejidad del caso. Las etapas incluyen demanda, audiencia, prueba y resolución judicial.
Sí. Se requieren recibes de salario, constancias de ingresos, declaraciones juradas y, si corresponde, comprobantes de gastos del menor. Estas pruebas justifican la cuota solicitada.
Los costos varían según la complejidad y la provincia. Pueden incluir honorarios del abogado, tasas judiciales y gastos de peritajes o mediación.
Se pueden revisar y ajustar las obligaciones y, en su caso, modificar la custodia para proteger al menor. El tribunal puede imponer sanciones o medidas de cobro forzoso.
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