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Guía Gratuita para Contratar un Abogado de Familia
El régimen de visitas es un conjunto de reglas que determina cuándo y cómo un progenitor que no tiene la tenencia de los hijos puede pasar tiempo con ellos. En Ramos Mejía, estos trámites se gestionan ante los Juzgados de Familia del Departamento Judicial de La Matanza. La finalidad es garantizar el contacto continuo y seguro entre el menor y ambos progenitores, siempre priorizando el interés superior del niño.
La resolución puede ser acordada entre los padres o impuesta por un juez. Los acuerdos suelen fijar días, horarios, y reglas para vacaciones y días festivos. Un asesor legal en Ramos Mejía ayuda a redactar acuerdos claros y a presentar las solicitudes cuando no hay acuerdo entre las partes.
En Argentina, el régimen de visitas se apoya en normas nacionales y, en la Provincia de Buenos Aires, se aplica con particularidades locales. El Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) regula la tenencia y el régimen de visitas desde su entrada en vigor en 2015. Este cuerpo legal establece principios para proteger la relación de los hijos con ambos progenitores.
La Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26.061), vigente desde 2005, garantiza el derecho de los menores a mantener vínculos con ambos padres y a ser protegidos ante abusos. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Argentina en 1990, orienta las decisiones judiciales hacia el interés superior del niño.
Para casos en Ramos Mejía, el Fuero de Familia de la Provincia de Buenos Aires aplica estas normas y, a menudo, se apoya en jurisprudencia local del Departamento Judicial de La Matanza. La jurisprudencia provincial reciente tiende a fomentar acuerdos cuando es posible y a ordenar visitas cuando existen riesgos o desequilibrios de convivencia.
“La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el interés superior del niño debe guiar todas las decisiones sobre cuidado y contacto con los progenitores.”
“La Ley 26.061 protege el derecho de los niños a mantener una relación con ambos padres, siempre que sea seguro y beneficioso para su desarrollo.”
“El Código Civil y Comercial de la Nación prevé criterios para fijar y modificar regímenes de visitas, priorizando la estabilidad y el vínculo parental.”
Es la orden que regula cuándo y cómo el progenitor no custodio puede ver al menor. Aplica tras separación o divorcio y cuando hay necesidad de mantener contacto regular para el desarrollo del niño.
Se inicia con una solicitud ante el Juzgado de Familia del Departamento Judicial de La Matanza. Es recomendable presentar pruebas de la relación y las necesidades del menor, y evaluar si hay acuerdos posibles entre las partes.
Los costos pueden incluir tasas judiciales y honorarios de abogado. En muchos casos, la Defensoría o asesoría gratuita pueden cubrir parte de los gastos si hay ingresos bajos. Consulta el arancel vigente en el juzgado local.
Necesitará actas de matrimonio o separación, partidas de nacimiento de los hijos, comprobantes de ingresos, y pruebas que apoyen la solicitud (horarios, guardias, etc.). Un abogado ayuda a organizar la carpeta y a indicar documentos faltantes.
Sí. Se ordenan visitas supervisadas cuando existen riesgos de seguridad, abuso o negligencia. El objetivo es proteger al menor durante el contacto con el progenitor.
Debe presentarse una petición de modificación ante el mismo fuero. El juez evalúa si el cambio afecta el interés superior del niño y si es necesario ajustar horarios o modalidades de visita.
La tenencia define con quién convive el menor y la responsabilidad parental principal. El régimen de visitas regula el tiempo que pasa con el progenitor no custodio.
Primero se evalúan las necesidades emocionales, educativas y de seguridad del menor. Las decisiones deben favorecer su desarrollo integral y evitar daños.
Debe comunicarse con el abogado y, si persiste el incumplimiento, presentar una petición de ejecución de la resolución ante el tribunal. El juez puede ordenar medidas coercitivas o sancionatorias.
Los tiempos varían según la carga de trabajo del juzgado y la complejidad del caso. En general, un proceso de familia puede durar entre 6 y 12 meses, con posibles demoras por recursos o entrevistas psicológicas.
Sí. El letrado puede presentar evidencias o solicitar evaluaciones técnicas para justificar visitas limitadas o supervisadas. Esto puede incluir informes psicológicos o de servicios sociales.
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