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La Ley Colaborativa es un enfoque de resolución de conflictos en el que las partes y sus abogados acuerdan trabajar de forma cooperativa para llegar a un acuerdo sin ir a juicio. En Buenos Aires, esta metodología se aplica principalmente en derecho de familia y en disputas civiles, respaldada por las normas generales del Código Civil y Comercial y por prácticas de mediación local. No existe una "Ley Colaborativa" específica de ámbito nacional o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; su marco se apoya en principios de buena fe, transparencia y comunicación abierta.
La adopción de la Ley Colaborativa depende de la voluntad de las partes y de sus letrados. En la práctica, los abogados firmantes se comprometen a no litigar si el proceso colaborativo fracasa y se exige la cooperación continua para resolver cuestiones como crianza, pensiones, bienes y acuerdos comerciales. Este enfoque puede reducir costos y tiempos en comparación con procesos judiciales contenciosos, siempre que exista compromiso de ambas partes.
En Argentina, la base jurídica para la resolución de conflictos fuera de la litis se apoya principalmente en el Código Civil y Comercial de la Nación y en normas de mediación vigentes en las jurisdicciones de Buenos Aires. A continuación se presentan referencias útiles para entender el marco local y sus límites.
El CCyC, vigente desde el 1 de agosto de 2015, establece principios de buena fe, obligación de negociación y mecanismos de solución de conflictos. En particular, fomenta la resolución amistosa de disputas familiares y la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos antes de acudir a la vía judicial. Este código regula aspectos de familia, contrato y responsabilidad civil que pueden ser relevantes en procesos colaborativos.
La normativa de mediación en la ciudad regula la incorporación de sesiones de mediación previas o paralelas al proceso judicial. Estas reglas buscan facilitar acuerdos tempranos y reducir la litigiosidad. Es común que las partes opten por mediación o métodos colaborativos cuando existen niños, bienes compartidos o intereses empresariales comunes.
La jurisdicción de la provincia ha desarrollado marcos para la mediación en conflictos familiares y civiles. Estos reglamentos permiten a las partes acordar soluciones de forma cooperativa y, cuando corresponde, acceder a asistencia técnica de mediadores certificados y letrados especializados en negociación.
“La Ley Colaborativa se apoya en una comunicación abierta y en el compromiso de las partes para resolver disputas sin litigar.”
Fuente: Asociación de Abogados de Familia - interpretación general de prácticas colaborativas
“En la práctica, la colaboración requiere que los abogados no participen en litigios si no se llega a un acuerdo, protegiendo el proceso y las metas de los involucrados.”
Fuente: American Bar Association - Dispute Resolution Section
“La mediación y las prácticas colaborativas pueden reducir costos y tiempos cuando se comparan con procesos judiciales prolongados.”
Fuente: International Academy of Collaborative Professionals (IACP)
La Ley Colaborativa es un método de resolución de disputas en el que las partes acuerdan trabajar juntas con abogados para evitar un juicio. Se basa en acuerdos de cooperación y confidencialidad durante el proceso.
Se inicia con la firma de un acuerdo de participación entre las partes y sus letrados. Luego se programan sesiones de negociación estructurada para llegar a un convenio.
La colaboración funciona bien cuando hay divisiones de intereses complejas y un compromiso de las partes a buscar soluciones conjuntas con asistencia legal específica.
Las sesiones suelen realizarse en oficinas de abogados o espacios neutrales acordados por las partes; pueden ser virtuales o presenciales según lo acuerden.
Un abogado especializado garantiza que los acuerdos sean legales, claros y ejecutables, y ayuda a mantener el marco de cooperación y confidencialidad.
La metodología colaborativa se utiliza mejor antes o sin una sentencia. Si ya hay una resolución, la colaboración puede limitarse a la ejecución de la misma o a renegociar aspectos específicos.
Sí, pero puede haber costos y tiempos adicionales; lo usual es hacer una transición ordenada para no perder el momentum de las negociaciones.
El costo depende de la duración del proceso, la cantidad de sesiones y la complejidad de los temas. Normalmente implica honorarios de abogados y honorarios de mediación si aplica.
La mediación es facilitada por un mediador sin representación directa para cada parte; la Ley Colaborativa involucra abogados que trabajan con las partes para negociar un acuerdo vinculante.
Sí, para participar adecuadamente debe haber un abogado o asesor legal certificado en prácticas colaborativas y un mediador cuando corresponda.
La mayoría de los acuerdos de colaboración contemplan confidencialidad de las negociaciones y de la documentación relacionada, salvo excepciones legales o de interés público.
Si no hay acuerdo, las partes pueden optar por seguir una vía judicial tradicional, manteniendo la posibilidad de litigar sobre las cuestiones no resueltas.
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