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Guía Gratuita para Contratar un Abogado de Familia
La Ley Colaborativa es un proceso voluntario para resolver disputas familiares fuera de los tribunales. En Gloversville y el condado de Fulton, los profesionales ofrecen este enfoque dentro de las leyes y normas estatales de Nueva York. El objetivo es acordar decisiones de custodia, manutención y distribución de bienes mediante cooperación y acuerdos firmados, evitando litigios prolongados.
En la práctica, cada parte mantiene un abogado de Ley Colaborativa y puede contar con especialistas neutrales (expertos en finanzas o crianza, entre otros) para facilitar el acuerdo. Si el proceso se fractura y cualquiera de las partes decide litigar, los abogados involucrados suelen retirarse para respetar el espíritu no adversarial del método.
Nota: a nivel local no existen, a día de hoy, leyes municipales específicas que regulen la Ley Colaborativa en Gloversville. La práctica se aplica siguiendo la normativa estatal de Nueva York y los principios éticos de la profesión. En cuanto a cambios recientes, Nueva York no ha promulgado UCLA; las reformas relevantes para la práctica suelen provenir de guías y recomendaciones de asociaciones profesionales y de las políticas de mediación de los tribunales estatales.
La Ley Colaborativa es un proceso voluntario en el que cada parte contrata un abogado colaborativo y acuerda resolver la disputa fuera de los tribunales. Los equipos pueden incluir mediadores y expertos neutrales para facilitar acuerdos. Si no hay acuerdo, los abogados deben retirarse y las partes pueden litigar con nuevos representantes.
Ambas partes deben firmar un acuerdo de participación y contratar abogados colaborativos. Luego se llevan a cabo reuniones conjuntas con el objetivo de diseñar un plan de resolución y un cronograma. Este enfoque evita litigios prolongados y costos adicionales.
La mediación es un proceso privado para negociar acuerdos con un mediador; no implica la retención de abogados para cada parte. En la Ley Colaborativa, cada parte mantiene un abogado que se compromete a no litigar y que participa activamente en el diseño del acuerdo.
Sí, cada parte contrata su propio abogado colaborativo. Los abogados asumen un compromiso de confidencialidad y de cooperación para evitar el litigio. Si surge la necesidad de litigar, los abogados deben retirarse para no obstaculizar el proceso.
El costo varía según la complejidad y las tarifas de cada abogado. En general, los honorarios pueden oscilar entre varios miles y decenas de miles de dólares por caso, con costos por hora. Es clave solicitar un presupuesto claro por adelantado.
La duración suele ser de 3 a 9 meses, dependiendo de la carga de trabajo y de la cooperación entre las partes. Casos más complejos pueden extenderse si cambian las circunstancias o surgen disputas nuevas.
No hay un código de calificación formal para iniciar un proceso colaborativo; sin embargo, es más efectivo cuando ambas partes pueden cooperar y están dispuestas a compartir información relevante. Si existe riesgo de violencia, puede no ser adecuado para ese caso.
Un abogado colaborativo se compromete a resolver el caso mediante acuerdos fuera de la corte y a no litigar; si el proceso falla, debe retirarse. Un abogado litigante tradicional puede litigar desde el inicio y busca resolver la disputa en tribunales.
El proceso suele terminar y las partes suelen litigar con nuevos abogados. Los abogados colaborativos pueden orientarlos hacia la resolución judicial, pero de manera separada para evitar conflictos de interés.
El cambio es posible, pero puede complicar la continuidad del proceso. En la práctica colaborativa, cambiar a un abogado que litigue puede requerir abandonar el marco colaborativo. Es mejor planificar desde el inicio con un equipo estable.
Sí, la Ley Colaborativa se utiliza para resolver disputas de custodia, visitas y manutención. El objetivo es acordar soluciones que protejan el interés de los menores y reduzcan la necesidad de decisiones judiciales impuestas.
No es recomendable en casos de violencia o abuso, ya que podría poner en riesgo a una de las partes. En estas situaciones, la prioridad es la protección y las decisiones pueden requerir intervención de la corte y servicios de apoyo.
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