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La Ley Colaborativa es un enfoque de resolución de conflictos en el que las partes, con asesoría de sus abogados, buscan acuerdos fuera de los tribunales. En Santo Domingo, esta figura se aplica a través de la cooperación, la confidencialidad y el interés en preservar relaciones, especialmente en casos de familia. No existe una ley específica de “Ley Colaborativa” en la República Dominicana, sino un marco general de derecho de familia y mediación que la sostiene.
En la práctica, la Ley Colaborativa en la jurisdicción dominicana se apoya en instituciones y reglas que fomentan acuerdos voluntarios con supervisión de letrados. Esto facilita acuerdos más rápidos y menos contenciosos que los procesos judiciales tradicionales. Los asesores legales actúan como facilitadores para alcanzar soluciones acordadas entre las partes.
Para residentes de Santo Domingo, la opción colaborativa puede reducir costos y tensiones personales cuando existen acuerdos de custodia, bienes o pensiones. La confidencialidad de las negociaciones es un pilar clave de este enfoque. Este modelo se está volviendo más conocido entre familias y parejas que buscan resolver disputas evitando litigios extensos.
En Santo Domingo, la Ley Colaborativa se apoya en el marco general de las normas de familia y de procedimientos civiles. Las decisiones sobre custodia, alimentos y bienes se rigen por el Código Civil y por las normas procesales aplicables a disputas familiares. La mediación y la conciliación también se contemplan como herramientas para resolver conflictos sin ir a juicio.
La protección de menores es una prioridad establecida en la normativa aplicable. En particular, la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece criterios para salvaguardar los intereses de los menores durante decisiones familiares. Este enfoque es relevante para cualquier acuerdo colaborativo que afecte a menores.
“La mediación y la resolución de conflictos fuera de los tribunales forman parte de la estrategia de resolución de disputas en derecho de familia en la República Dominicana.”
“Los tribunales deben priorizar el interés superior de los niños y adolescentes en todas las decisiones relacionadas con su bienestar.”
Estas pautas reflejan prácticas actuales y tendencias hacia acuerdos más pacíficos y confidenciales. En años recientes, ha habido un impulso para promover métodos alternativos de resolución de disputas en derecho de familia, con especial énfasis en proteger a los menores y reducir la carga judicial.
Nota sobre cambios recientes: la dominicana ha avanzado en la incorporación de prácticas colaborativas y de mediación en procedimientos de familia, promoviendo acuerdos que pueden disminuir la duración de los procesos. Para información oficial, consulte las fuentes gubernamentales y organizaciones legales de referencia.
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