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La Ley Colaborativa es un proceso voluntario para resolver disputas familiares sin ir a juicio. En este enfoque, las partes y sus abogados se comprometen a negociar de buena fe y a buscar soluciones acordadas por todas las partes, con confidencialidad y cooperación.
En South Dakota (SD), no existe una ley específica de “Ley Colaborativa” codificada como estatuto separado a fecha de 2024. La práctica se apoya en las leyes generales de derecho de familia y en acuerdos entre las partes y sus letrados para resolver disputas fuera de los tribunales. Los procesos colaborativos suelen fundamentarse en principios de resolución pacífica, intercambio de información y reducción de conflicto emocional y financiero para la familia.
“Collaborative law is a method of resolving family disputes without going to court.”
Fuente: American Bar Association (ABA) - visión general de la Ley Colaborativa.
“In collaborative practice, the parties and their lawyers commit to negotiated agreements that meet the needs of all family members.”
Fuente: International Academy of Collaborative Professionals (IACP) - conceptos clave de práctica colaborativa.
Las disputas de derecho de familia en SD se rigen principalmente por la legislación general de familia y las reglas de procedimiento de la corte. En SD, no existe una adopción oficial de la Ley Colaborativa como estatuto autónomo a la fecha indicada; por ello, la práctica se realiza a través de acuerdos entre las partes y sus letrados dentro del marco de SDCL Title 25 y las reglas de mediación y ADR vigentes.
“Not enacted” - South Dakota en el listado de estados que no han adoptado la Uniform Collaborative Law Act (UCLA).
Fuentes: NCSL - Uniform Collaborative Law Act (estatus por estado), Uniform Law Commission, South Dakota Legislature - SDCL.
La Ley Colaborativa es un proceso voluntario en el que las partes, junto con abogados capacitados, buscan acuerdos fuera del tribunal. Se basa en acuerdos por escrito, confidencialidad y cooperación para alcanzar soluciones que satisfagan a todos. Si no se llega a un acuerdo, las partes pueden abandonar el proceso y litigar.
Ambas partes deben acordar participar y contratar abogados especializados. Se firma un acuerdo de participación que establece reglas y confidencialidad. Luego se realizan reuniones estructuradas con un plan de resolución para llegar a un acuerdo final.
Los costos varían por la complejidad de la disputa y la tarifa de cada abogado. Por lo general, se evalúa una tarifa por hora y se pueden acordar honorarios fijos para fases específicas del proceso.
Es adecuada cuando hay interés en proteger a los menores, mantener la privacidad y buscar acuerdos personalizados. Si hay abuso o coerción, podría no ser apropiada y se debe considerar litigar para protección inmediata.
Puede consultar el directorio de abogados de familia en SD y preguntar por práctica colaborativa. Asegúrese de verificar certificaciones y experiencia en procesos colaborativos.
Permite planes de crianza y educación diseñados específicamente para cada familia, reduciendo el conflicto y la exposición de los niños al proceso judicial. El resultado suele ser más predecible y centrado en el mejor interés del menor.
Sí, con valuaciones de activos y estrategias de reparto definidas por el equipo legal. Se prioriza acuerdos creativos que preserven el valor del negocio y las relaciones familiares.
La confidencialidad es un pilar de la Ley Colaborativa. Muchas disputas requieren un acuerdo por escrito que mantenga la información fuera de los tribunales y proteja los intereses de todas las partes.
No. Si no se logra acuerdo, las partes pueden retirarse del proceso y optar por litigio. La confidencialidad y el compromiso se mantienen solo mientras el proceso esté activo.
El incumplimiento puede activar cláusulas de resolución y, en casos serios, permitir la continuidad en la vía judicial para la parte afectada. Es fundamental incluir cláusulas claras en el acuerdo de participación.
Se suele pedir divulgación financiera completa, acuerdos de crianza, y un plan de resolución que detalle objetivos y cronogramas. También pueden requerirse valuaciones de activos y informes de expertos.
Puede, si ambas partes están de acuerdo y se coordina con expertos en derecho internacional privado. Sin embargo, pueden existir desafíos prácticos y jurisdiccionales.
Nota: también puede consultar la NCSL para conocer el estatus de adopción de UCLA por estado y movimientos legislativos relevantes.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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