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En Madrid, el Derecho de las Comunicaciones y los Medios se atiende principalmente por normas estatales y europeas. Las actividades de telecomunicaciones, publicidad, contenidos audiovisuales y tratamiento de datos deben cumplir la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la normativa de protección de datos. Las autoridades relevantes incluyen la AEPD y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que vigilan cumplimiento y competencia en el sector.
La Comunidad de Madrid no suele crear normativa específica para estas áreas, pero sí aplica las leyes nacionales y las guías de las autoridades reguladoras. En la práctica, los residentes y empresas deben entender derechos y obligaciones frente a cookies, publicidad digital, derechos de autor y protección de datos. Contar con asesoría especializada facilita cumplir plazos y evitar sanciones.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) regula la publicidad, el comercio electrónico y el uso de cookies. Establece obligaciones de información, consentimiento y responsabilidades de los prestadores de servicios en línea. Su vigencia y modificaciones han sido constantes para adaptarse a nuevas plataformas y prácticas de mercado.
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) define el marco para el sector audiovisual, la licenciamiento de servicios y la regulación de contenidos. Incluye reglas sobre protección de menores, derechos de autor y condiciones de acceso, con actualización para entornos de streaming y redes digitales.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) adapta la normativa española al RGPD de la Unión Europea. Regula consentimiento, derechos de los interesados y responsabilidades de responsables y encargados del tratamiento. Sus cambios impactan especialmente a empresas madrileñas con bases de datos de clientes o empleados.
«La protección de datos personales es un derecho fundamental.»Fuente: gob.es
«Las cookies requieren consentimiento informado de los usuarios para su tratamiento.»Fuente: gob.es
«La publicidad digital debe respetar la normativa de servicios de la sociedad de la información.»Fuente: gob.es
La LSSI-CE regula el comercio electrónico y las comunicaciones comerciales. En Madrid aplica a sitios web, cookies y publicidad en línea para proteger a usuarios y consumidores. También establece obligaciones de información y consentimiento.
Se debe obtener consentimiento previo y específico para cookies no esenciales. Se exige información clara sobre finalidades y opción de rechazo. El consentimiento debe registrarse y poder retirarse fácilmente.
Si la AEPD emite una sanción, es recomendable consultar de inmediato. Un letrado puede evaluar recursos, mitigaciones y planificar medidas correctoras para reducir sanciones futuras.
Las reclamaciones pueden presentarse ante la CNMC o ante la autoridad de consumo. Un asesor legal garantiza que se presenten dentro de los plazos y con la evidencia adecuada.
La emisión de contenidos requiere permisos y licencias específicas según normativa audiovisual española. Un letrado facilita la tramitación ante autoridades y la adecuada protección de derechos.
Sí. Un asesor puede revisar contratos, términos de servicio y cumplimiento de cookies, asegurando transparencia y protección de datos en campañas.
Si la empresa trata datos personales, es recomendable. Un profesional puede auditar prácticas, preparar registros de actividad y diseñar medidas de seguridad.
En procesos de derechos de autor, podrían requerirse peritajes o pruebas de titularidad. Un asesor redacta y presenta la evidencia de forma sólida.
La protección de datos cubre el tratamiento de información personal. Los derechos de imagen protegen la utilización de la imagen de personas en campañas.
Las tasas varían por experiencia y complejidad. Un primer análisis consultivo puede oscilar entre 150 y 350 euros por hora, según la complejidad del caso.
Los plazos dependen del caso y la carga de trabajo. En Madrid, consultas y trámites iniciales pueden tardar semanas; procesos judiciales suelen durar meses.
Debe tener formación en derecho de las telecomunicaciones, publicidad, propiedad intelectual y protección de datos. La especialización puede incluir cursos en LSSI-CE y LGCA.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Madrid a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Derecho de las Comunicaciones y los Medios, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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