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En San Martín, la protección de trabajadores de la construcción ante accidentes se apoya principalmente en normas de alcance nacional y, en ciertos aspectos, en regulaciones provinciales. El sistema de Riesgos del Trabajo (RT) cubre prestaciones médicas, económicas y de rehabilitación cuando un trabajador sufre un daño relacionado con su empleo. Además, el ámbito de la construcción contempla obligaciones de seguridad, prevención de riesgos y cumplimiento de normativas de higiene y seguridad en el trabajo.
Los trabajadores pueden reclamar ante su ART si corresponde, o acudir a la Justicia laboral para situaciones no cubiertas o controversias sobre la valoración de prestaciones. Un asesor legal especializado en accidentes de construcción facilita la recopilación de pruebas, la evaluación de la responsabilidad y la defensa de derechos ante autoridades administrativas y judiciales en el partido de San Martín y la Provincia de Buenos Aires.
En este contexto, es común que los trabajadores reciban atención médica y prestaciones temporales de manera inmediata, y que, si la lesión es permanente, se discuta una compensación adecuada. Un letrado con experiencia en construcción en San Martín puede guiar en cada paso del proceso y ayudar a evitar retrasos innecesarios.
Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557) - Regula el sistema de cobertura ante accidentes laborales y enfermedades profesionales. Establece las prestaciones médicas, económicas y de rehabilitación a través de las ART y fija las responsabilidades de empleadores y aseguradoras. Se aplica a trabajadores registrados y, en ciertos casos, a contratistas en obras de construcción.
Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) - Marco general de las relaciones laborales, incluyendo derechos ante accidentes de trabajo, licencias y prestaciones. Sus disposiciones son base para reclamaciones laborales cuando se discuten condiciones de empleo y protección de derechos durante y después de un accidente.
Código Civil y Comercial de la Nación - Regula la responsabilidad civil por daños y perjuicios. Cuando no procede o no alcanza la cobertura RT, pueden existir reclamaciones por daños a través de responsabilidad extracontractual u otras vías civiles. Su aplicación varía según la naturaleza de la lesión y el nexo causal.
Notas sobre vigencias y cambios: la Ley 24.557 ha sido objeto de reformas para ampliar prestaciones y modernizar procedimientos de RT; estas modificaciones afectaron la gestión de prestaciones y las condiciones de las ART. La Ley 20.744 se actualizó con reformas laborales a lo largo de los años para modernizar derechos de los trabajadores. El Código Civil y Comercial de la Nación entró en vigencia en 2015, unificando normas previas sobre responsabilidad civil.
Para consulta normativa, estos textos pueden consultarse en sitios oficiales como Argentina.gob.ar. Las modificaciones recientes han priorizado la seguridad, prevención y derechos de los trabajadores en obras de construcción.
Un accidente de construcción se refiere a cualquier lesión o enfermedad vinculada al desempeño laboral en obras de construcción. Incluye caídas, lesiones por maquinaria, exposición a sustancias y otros incidentes en el sitio de trabajo. También abarca lesiones ocurridas durante traslados relacionados con la tarea.
Debe comunicarse de inmediato con la ART a la que esté afiliado. Presentar certificados médicos, informes clínicos y pruebas de la relación causal entre el trabajo y la lesión facilita la evaluación. Un abogado puede guiar el trámite y garantizar el correcto llenado de formularios y plazos.
La evaluación suele completarse en semanas, con un informe médico que determina la incapacidad temporal. En casos complejos puede requerirse peritaje adicional y seguimiento médico durante meses. Un letrado ayuda a gestionar plazos y recursos si hay demora.
No es obligatorio, pero un asesor legal mejora la calidad de la reclamación. Un letrado puede reunir pruebas, gestionar recursos y evitar errores que retrasen o bloqueen la cobertura. En San Martín, un abogado con experiencia en construcción conoce la práctica local.
La reclamación RT busca prestaciones cubiertas por el sistema de riesgos del trabajo. Una demanda civil persigue daños y perjuicios fuera de esa cobertura o cuando hay responsabilidad adicional del empleador. En algunos casos, ambas vías pueden coexistir.
Los honorarios suelen acordarse por honorarios de éxito o mediante una cuota inicial con honorarios contingentes. Muchos abogados trabajan con porcentajes sobre beneficios obtenidos. En San Martín, es común acordar un porcentaje de indemnización o de lo recuperado.
Sí, la ART o la empresa pueden negar prestaciones. Es posible impugnar la decisión con pruebas médicas y peritajes. Un letrado puede presentar recursos y, si es necesario, recurrir a la vía judicial.
El plazo para iniciar reclamaciones ante RT suele ser oportuno tras la ocurrencia de la lesión. Si se opta por una acción civil, el plazo de prescripción varía según la provincia y el tipo de reclamación. Consulte con un abogado para definir el calendario exacto.
Guarde informes médicos, certificados de alta, historias clínicas, recibos de gastos médicos y pruebas de la relación laboral y del accidente. Fotografías del lugar de la obra y testigos pueden fortalecer el caso. Un asesor legal puede ayudar a ordenar y presentar estos documentos.
Sí, es posible reclamar daños a terceros si el accidente afectó a vecinos, comercios o propiedades cercanas. En esos casos, podrían intervenir reclamaciones civiles y/o aseguradoras. Un abogado facilita la coordinación de estas vías y la defensa de sus intereses.
Antes de aceptar, es recomendable analizar la oferta con un abogado para verificar que cubra todas las medidas médicas y pérdidas futuras. Muchas ofertas incluyen componentes que es necesario revisar para evitar renunciar a derechos. Un letrado puede negociar condiciones más completas.
La normativa de RT es nacional, pero la implementación y la práctica pueden variar por jurisdicción. En San Martín, los tiempos de respuesta y la intervención de las aseguradoras pueden diferir respecto a otros partidos. Un abogado local conoce las prácticas habituales y los criterios de las comisiones médicas provinciales.
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