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El derecho de contrato en Buenos Aires regula la creación, interpretación y cumplimiento de acuerdos entre partes. En Argentina, el marco principal es el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), que aplica a contratos civiles y comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, la legislación de consumo y las normas sobre firmas digitales complementan la seguridad jurídica de las operaciones.
En la práctica, una adecuada asesoría se centra en redacción, revisión y negociación de cláusulas, evitando ambigüedades y cláusulas abusivas. Un correcto enfoque también considera la validez de contratos electrónicos y la probabilidad de resolución de disputas en la jurisdicción local. Los letrados especializados en contratos trabajan con actores empresariales y particulares para garantizar claridad y cumplimiento.
“The Principles aim to provide a fair and predictable framework for international commercial contracts.”
- UNIDROIT, unidroit.org
“Efficient contract enforcement is essential for a healthy business climate.”
- World Bank, worldbank.org
Un contrato de adhesión es un formato tipo que una de las partes impone. Puede ser abusivo si impone condiciones desproporcionadas o limita derechos sin negociación. En Buenos Aires, los consumidores pueden impugnar cláusulas abusivas ante autoridades o tribunales.
Solicite a un asesor legal que identifique cláusulas de riesgo, plazos, pagos y condiciones de resolución. Pida un estado de revisión con responsables, costos y cambios recomendados por el abogado.
Se aplica cuando hay una relación entre un proveedor y un consumidor final. En contratos celebrados a distancia o en la tienda, la normativa protege derechos básicos y prohíbe cláusulas abusivas.
El CCCN regula la mayoría de contratos civiles y comerciales. Para consumo, la Ley 24.240 añade protecciones específicas; para firmas, la Ley 25.506 regula la validez de la firma digital.
Las cláusulas de liquidación fijan penalidades o costos de terminación. Si son desproporcionadas, pueden ser consideradas abusivas y ser objeto de revisión judicial.
Sí. Un letrado puede negociar plazo de renovación, ajuste de alquiler y garantías para evitar costos elevadas durante la vigencia del contrato.
Sí. Un abogado revisará el alcance de la confidencialidad, las excepciones y la duración para evitar restricciones excesivas o filtraciones no deseadas.
Sí. Los contratos civiles y comerciales obedecen principios del CCCN, pero pueden regirse por reglas de uso y práctica distintas según el tipo de relación.
La cláusula puede ser declarada nula. El resto del contrato puede permanecer vigente si la cláusula nula no afecta su finalidad esencial.
Los honorarios varían según la complejidad. Un análisis básico puede costar desde 5,000 ARS, mientras una revisión detallada podría superar los 25,000 ARS.
Depende del caso y la jurisdicción. En Buenos Aires, una disputa típica puede durar de 3 a 12 meses, según la carga de expedientes y acuerdos de mediación.
Conozca intereses, mora, plazos y mecanismos de ajuste. Un abogado puede proponer fechas de pago claras y penalidades proporcionales.
Ambos tienen validez, pero el contrato electrónico debe cumplir requisitos de firma digital y trazabilidad para ser plenamente exigible.
La terminación puede depender de causas, plazos y mecanismos de resolución descritos en el CCCN y en leyes específicas. Un asesor puede identificar las rutas de terminación adecuadas.
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