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En Planeta Rica, como en el resto de Colombia, el derecho de contratos se apoya principalmente en el Código Civil y el Código de Comercio. Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue obligaciones entre las partes. Los tribunales de Córdoba, donde se ubica Planeta Rica, son los encargados de resolver disputas contractuales cuando se recurre a la justicia ordinaria.
Los contratos pueden ser civiles o mercantiles y deben cumplir requisitos como capacidad, presencia de consentimiento, objeto lícito y causa. En la práctica, muchos residentes de Planeta Rica firman contratos de compraventa, arrendamiento, suministro y servicios profesionales, que requieren asesoría para evitar riesgos y costos innecesarios.
Las normas clave que rigen los contratos en Planeta Rica son de ámbito nacional. A continuación se mencionan las leyes más relevantes por nombre y función, con notas sobre su vigencia y cambios relevantes.
Notas prácticas para Planeta Rica: la normativa de contratación estatal (Ley 80) puede ser relevante para contratos con municipios o entidades públicas cercanas. En contratos entre particulares o con empresas, las reglas del Código Civil y del Código de Comercio son las más usadas. Las actualizaciones en materia de comercio electrónico y protección al consumidor se han ido fortaleciendo con el tiempo y deben consultarse en fuentes oficiales.
“La contratación estatal está regulada por la Ley 80 de 1993 y sus reglamentaciones.”
Fuente: Congreso de Colombia - www.congreso.gov.co
“El Estatuto del Consumidor protege a los usuarios frente a cláusulas abusivas en contratos de adhesión.”
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio - www.sic.gov.co
“Los contratos deben contener el objeto, la causa y la seguridad jurídica de las partes.”
Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho - www.minjusticia.gov.co
Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes. Debe incluir consentimiento, objeto lícito, causa y capacidad de las partes. También suele requerir determinadas formalidades según el tipo de contrato.
Verifique la duración, el monto de la renta y la fórmula de incremento. Revise las obligaciones de mantenimiento, responsabilidad por daños y procedimientos de renovación o terminación.
Cuando el monto es alto, hay cláusulas de penalidad o garantías, o se trata de un contrato con proveedores locales complejos. Un letrado puede clarificar plazos y responsabilidades.
Debe realizarse ante un notario público y, en muchos casos, inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Esto protege la titularidad y evita disputas futuras.
Las cláusulas de resolución anticipada evitan litigios costosos. Especifican métodos como mediación, arbitraje o jurisdicción aplicable y el lugar de solución.
Sí. Un abogado puede identificar cláusulas abusivas y proponer redacciones equitativas. Esto mejora la seguridad jurídica y reduce riesgos de nulidad parcial.
No siempre obligatorio, pero es recomendable. La contratación estatal suele exigir cumplimiento estricto de normas y plazos; un letrado facilita la observancia.
Los honorarios varían por tipo de contrato y complejidad. Un contrato sencillo puede costar entre 400 mil y 2 millones de pesos; contratos complejos, más.
Las acciones derivadas de contratos suelen prescribir en periodos que dependen del tipo de contrato y la jurisdicción. Consulte un abogado para obtener plazos exactos para su caso.
Los contratos civiles regulan relaciones entre particulares, mientras los mercantiles regulan actos de comercio entre comerciantes. Un abogado puede clasificar su contrato y aplicar la normativa adecuada.
Sí. Se debe acordar por escrito la modificación, anotar las cláusulas relevantes y, si corresponde, registrar o notariar los cambios. Evite modificaciones orales para terceros.
Primero, notifique por escrito el incumplimiento y solicite cure o compensación. Si no se resuelve, evalúe opciones de resolución de conflictos y, si es necesario, entablar una acción judicial.
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