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El derecho corporativo y comercial regula la creación, gobierno y operaciones de las empresas. En Arona, estas normas se aplican bajo la legislación española y la normativa específica de Canarias. La asesoría adecuada ayuda a evitar riesgos de gobernanza, cumplimiento contable y litigios comerciales.
En la práctica, touches comunes incluyen la constitución de sociedades, la estructuración de acuerdos entre socios, la redacción de contratos comerciales y la gestión de obligaciones fiscales y de cumplimiento normativo. Un letrado especializado en Corporativo y Comercial facilita también la planificación de fusiones, adquisiciones y cambios estructurales. Este campo exige conocimiento tanto de la normativa mercantil como de las circunstancias locales de Tenerife y la economía canaria.
Constituir una sociedad en Arona: un emprendedor quiere abrir un hostal en Los Cristianos y necesita elegir entre Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima; requiere asesoría para el objeto social y la escritura.
La elección influye en responsabilidad, viabilidad de financiación y requisitos de administración. Un asesor legal ayuda a evitar errores desde el inicio.
Revisión de contratos de suministro con proveedores locales: un restaurante en Costa Adeje firma contratos de abastecimiento de alimentos y bebidas. Es crucial revisar cláusulas de precio, plazos y penalizaciones.
Un letrado corporativo puede renegociar condiciones, asegurar cumplimiento y evitar cláusulas abusivas.
Acuerdos entre socios o pactos de accionistas: una empresa familiar en la zona de Arona necesita un pacto de socios para regular gobierno corporativo y reparto de dividendos.
La documentación adecuada reduce conflictos y facilita la toma de decisiones en momentos de cambio de propiedad o de dirección.
Due diligence para adquisición de negocio turístico: una empresa quiere comprar un negocio en Tenerife Sur; se deben revisar estados financieros, pasivos y contratos clave.
La diligencia debida ayuda a valorar correctamente el negocio y a negociar condiciones de compra seguras.
Gestión de cambios de sede social o traslado de domicilio: una empresa decide mover su sede para optimizar trámites en Canarias y requiere registro y notaría.
Un abogado coordina la documentación, la inscripción y las comunicaciones administrativas necesarias.
Asesoría ante inspecciones fiscales o contencioso mercantil: una empresa es objeto de revisión tributaria o disputa contractual con un cliente.
Un letrado orienta sobre defensas, documentación y plazos procesales para resolver el asunto de forma eficiente.
Regula la constitución, administración y disolución de sociedades mercantiles en España. En Arona, aplica a todas las sociedades de capital y a las estructuras de gobierno corporativo. Además, establece obligaciones de los administradores, libros y cuentas anuales.
Rige actos de comercio, títulos de crédito y relaciones mercantiles entre empresas. En Canarias se aplica de forma complementaria a la legislación mercantil general para transacciones comerciales habituales. Su aplicación es habitual en contratos mercantiles y operaciones de compraventa.
El IGIC aplica en Canarias y sustituye al IVA para operaciones en las islas. Las tasas y exenciones pueden diferir de la normativa peninsular. Las empresas en Arona deben determinar cuándo repercutir IGIC y cuándo aplicar exenciones, según el tipo de operación.
Notas prácticas sobre las leyes locales: las modificaciones y actualizaciones de estas normas se publican en el Boletín Oficial del Estado y en la página del Ministerio de Justicia y la Agencia Tributaria. Manténgase informado de cambios que afecten a trámites mercantiles, fiscalidad y gobierno corporativo en Canarias.
“Las sociedades mercantiles deben inscribirse en el Registro Mercantil para adquirir personalidad jurídica.” Fuente: Ministerio de Justicia, mjusticia.gob.es
“La Ley de Sociedades de Capital regula la constitución, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles.” Fuente: Notariado.org
“Las obligaciones fiscales y contables de las empresas están reguladas por la normativa mercantil y tributaria vigente.” Fuente: Agencia Tributaria, agenciatributaria.gob.es
Una sociedad de capital es una persona jurídica cuyo capital social está dividido en participaciones o acciones. Su responsabilidad está limitada al capital aportado. Es recomendable para empresas con socios y aportes significativos.
Para constituirla, necesita escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil y obtener un NIF. También debe definir objeto social, órganos de administración y capital social mínimo si aplica.
Debe inscribirse toda modificación estatutaria, ampliaciones de capital y cambios en la administración. La inscripción otorga publicidad y personalidad jurídica a los actos. Evita riesgos de validez.
Puede consultar contratos con proveedores locales y revisar cláusulas clave, como precios, plazos y penalizaciones. Un abogado especializado puede proponer cláusulas más equilibradas.
Un letrado ayuda a definir gobernanza, derechos de veto y mecanismos de resolución de conflictos. Evita disputas que puedan comprometer la continuidad del negocio.
Sí, un extranjero puede constituir una empresa en España. Es necesario cumplir requisitos de residencia, obtener NIF y realizar trámites ante la Administración tributaria y mercantil.
La ampliación de capital requiere aprobación de la junta y inscripción. Es clave para financiar crecimiento o reestructurar la propiedad. Un letrado prepara y verifica la documentación.
En Canarias, las operaciones pueden quedar sujetas al IGIC. El tratamiento varía según el tipo de operación y el lugar de entrega. Consulte a su asesor para aplicar la tasa correcta.
Los honorarios dependen de la complejidad y del volumen de trabajo. Piden presupuestos por hora o por proyecto y conviene comparar varias propuestas.
Una fusión combina dos empresas en una nueva; una adquisición compra una empresa por una o varias sociedades existentes. Ambas requieren due diligence y aprobación de autoridades y socios.
Debe incluir cláusulas de tratamiento, bases legítimas y finalidades. Cumple RGPD y normativa española; la empresa debe designar un responsable de protección de datos si es necesario.
El plazo típico para responder a requerimientos tributarios varía, pero suele ser de 10 a 30 días según la diligencia. Un abogado puede gestionar recursos y prórrogas si procede.
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