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El derecho corporativo y comercial regula la creación, organización y gestión de empresas en Valle de San Lorenzo. Incluye temas de constitución, gobernanza, fusiones, adquisiciones, disolución y responsabilidad de los administradores. También abarca contratos mercantiles, competencia, propiedad intelectual y regulación de mercados.
En Valle de San Lorenzo, como en el resto de España, las empresas deben seguir normas nacionales y, cuando corresponde, regulaciones autonómicas o municipales. La función del asesor legal es asegurar cumplimiento, evitar riesgos y facilitar operaciones comerciales complejas. Un abogado especializado puede ayudar a adaptar estructuras jurídicas a objetivos comerciales y fiscales concretos.
Ley de Sociedades de Capital: Real Decreto Legislativo 1/2010 aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Regula la constitución, administración, financiación y disolución de sociedades mercantiles, así como las obligaciones de información y transparencia.
Código de Comercio: Conjunto de normas que rigen las operaciones mercantiles y la actuación de comerciantes. Incluye reglas sobre libros obligatorios, crédito mercantil y actos de comercio. Se aplica junto a la normativa mercantil general y a la regulación de proveedores y clientes.
Ley de Contratos del Sector Público: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, regula la contratación de las administraciones públicas y entidades vinculadas. Es relevante para empresas que licitan en Valle de San Lorenzo o colaboran con la administración local o regional.
“Las sociedades deben inscribirse en el Registro Mercantil y presentar cuentas anuales para dar transparencia a sus operaciones.”
Fuente: Ministerio de Justicia, mjusticia.gob.es
“El régimen de contratos públicos garantiza publicidad, concurrencia y transparencia en licitaciones.”
Fuente: Ministerio de Justicia, mjusticia.gob.es
“La gobernanza corporativa debe promover la responsabilidad, la transparencia y la sostenibilidad de las empresas.”
Fuente: OECD, www.oecd.org
Es la normativa que regula la creación, gestión y disolución de sociedades mercantiles. Aplica a sociedades anónimas y de responsabilidad limitada en España, incluidas operaciones de Valle de San Lorenzo.
La S.A. emite acciones y puede cotizar en mercados; la S.L. tiene restricciones de aportaciones y está pensada para negocios más pequeños. Las obligaciones de administración y responsabilidad varían entre ambas.
Cuando se planifica una estructura societaria, se designan administradores y se redactan estatutos. Un letrado evita errores en el objeto social, capital social y reglas de transmisión de participaciones.
La inscripción se gestiona en el Registro Mercantil correspondiente y se deben presentar estatutos, escrituras y documentación de administradores. El registro emite el certificado de personalidad y capitulación.
Incluyen honorarios de asesoría, aranceles registrales y, si corresponde, tasas municipales. Un abogado puede calcular un presupuesto claro y evitar sorpresas.
Las obligaciones de auditoría dependen del tamaño y del tipo societario. En muchos casos iniciales, no es obligatoria, pero sí recomendable para acceso a financiación o contratos públicos.
Los contratos mercantiles regulan operaciones entre empresarios y empresarios, o empresarios y comerciantes, y suelen requerir claridad en condición de proveedores y plazos. Los civiles regulan relaciones entre particulares.
Los administradores pueden responder por daños derivados de mala gestión o incumplimientos legales. La responsabilidad puede ser solidaria y exigible ante terceros y entidades públicas.
Sí, mediante una reforma de estatutos aprobada por la junta general. El cambio debe ser inscrito en el Registro Mercantil para ser oponible frente a terceros.
Involucra due diligence, escritura pública, aprobación de juntas y aprobación regulatoria si corresponde. Posteriormente se inscribe la operación en el Registro Mercantil.
Las cuentas deben presentarse anualmente ante el Registro Mercantil dentro del plazo legal. El incumplimiento puede generar sanciones y pérdida de legitimidad comercial.
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