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El Gobierno corporativo regula la forma en que una empresa se dirige, administra y supervisa. En Lanús, como en el resto del país, rige principalmente la normativa nacional, complementada por normativas de la Provincia de Buenos Aires y prácticas corporativas reconocidas. La finalidad es garantizar transparencia, responsabilidad y protección de derechos para accionistas, empleados, proveedores y la comunidad local. Las decisiones de alta dirección deben equilibrar intereses de los diferentes grupos de interés y reducir riesgos operativos.
En Lanús, las normas que rigen el Gobierno corporativo son principalmente de alcance nacional y, cuando corresponde, se conectan con la normativa de la Provincia de Buenos Aires para registro y cumplimiento local. A nivel sustantivo, destacan tres grupos de normas que suelen afectar a empresas en Lanús:
Fechas y vigencia relevantes: la implementación del Código Civil y Comercial de la Nación entró en vigor en 2015, modernizando principios de gobernanza. Las reformas a la Ley de Sociedades Comerciales se acompañaron de ajustes progresivos para aumentar la transparencia y la supervisión interna. Las normas de Gobierno Corporativo de la CNV se actualizan periódicamente, con énfasis en derechos de accionistas minoritarios y mayor claridad en la conducción de directorios.
Para las empresas con presencia en Lanús, también es importante considerar el registro y cumplimiento ante autoridades competentes; el registro de sociedades suele gestionarse inicialmente ante organismos nacionales y, según el tipo societario, puede requerir presentaciones ante entidades provinciales o municipales cuando corresponda.
El Gobierno corporativo es el conjunto de normas y prácticas para dirigir la empresa de forma responsable. Incluye estructura de gobierno, deberes de administradores, transparencia y protección de derechos de accionistas. En Lanús, aplica la normativa nacional y, cuando corresponde, prácticas provinciales y regulatorias.
Primero debe identificar los cambios necesarios y convocar a una junta de socios o asamblea. Luego se redactan modificaciones y se registran ante la autoridad correspondiente. Un asesor legal ayuda a cumplir plazos, requisitos de quórum y notificaciones.
Cuando exista conflicto de intereses, negativa a entregar información o violación de derechos de minoritarios. Un letrado puede asesorar en medidas cautelares, mediación o acciones judiciales ante los tribunales competentes.
Las presentaciones dependen del tipo societario. Las sociedades de capital abierto pueden requerir informes ante entidades reguladoras; las SRL y SA pueden presentar estados ante IGJ o su equivalente provincial. Un abogado prepara los documentos y acompaña el proceso.
La diligencia reduce riesgos de responsabilidad por gestión negligente o conflictos de interés. Las normas señalan deberes de cuidado, lealtad y cumplimiento. Un asesor legal ayuda a implementar políticas y registros adecuados.
Sí, puede establecer límites y reglas de votación, remoción y nombramiento. Un abogado redacta cláusulas claras y compatibles con la ley para evitar ambigüedades.
Sí. Las reformas pueden afectar la gobernanza, derechos de accionistas y gobernanza interna. Un letrado revisa y propone ajustes para mantener cumplimiento y eficiencia.
El Gobierno corporativo se centra en dirección, control y transparencia. El cumplimiento normativo aborda la adecuación a leyes y regulaciones específicas. Ambos son fundamentales para la protección de la empresa y sus partes interesadas.
Se deben identificar, revelar y gestionar los conflictos con políticas claras. Se recomienda abstenerse de votar o participar en decisiones donde exista conflicto. Un abogado ayuda a diseñar estas políticas y su implementación.
Normalmente se requieren el estatuto social, actas de juntas, organigramas, políticas de conflicto de interés y estados contables recientes. El abogado revisa estos documentos y propone un plan de acción.
Puede iniciar con una auditoría interna de gobernanza, seguido de la implementación de políticas de control y un plan de capacitación para directores y gerentes. Un asesor legal puede coordinar todo el proceso y dejarlo documentado.
La SA suele exigir directorio y comisiones, con mayor formalidad en la gobernanza. La SRL tiene una estructura más simple y menos formalidad para decisiones. Ambos requieren reglas claras en estatutos y buena contabilidad.
Los honorarios varían por alcance y duración del proyecto. Una revisión rápida de estatutos puede oscilar entre ARS 8.000 y ARS 25.000, mientras proyectos complejos de gobernanza pueden superar esa cifra. Se recomienda pedir un presupuesto por escrito y por fases.
Primero se evalúan prácticas actuales, luego se diseñan políticas y se implementan cambios. Después se realizan ajustes en estatutos y reuniones de junta. Se documenta todo y se informa a las autoridades cuando corresponda.
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