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En Lanús, como en toda Argentina, el derecho de defensa penal es una garantía fundamental del debido proceso. Toda persona imputada tiene derecho a ser informada de los cargos, a un abogado defensor y a una defensa técnica adecuada durante todas las etapas del procedimiento. Estas garantías buscan asegurar que la resolución judicial se base en un proceso justo y equitativo.
La defensa puede ser ejercida por un letrado particular o por un abogado público designado en caso de no poder costearlo. Además, el sistema reconoce la necesidad de asistencia jurídica para menores de edad y para personas con discapacidad, buscando siempre un acceso igualitario a la justicia. Estas reglas se aplican en las causas penales que se tramitan en los tribunales del Gran Buenos Aires Sur, donde se ubican las dependencias judiciales de Lanús.
La defensa técnica y el debido proceso son pilares del sistema penal argentino, garantizados por la Constitución y las leyes en todo el territorio nacional.Fuente: Defensoría General de la Nación
El acceso a un asesor legal competente es un derecho esencial para cualquier persona investigada o acusada de un delito.Poder Judicial de la Nación
En Lanús se aplica principalmente el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires para regular el procedimiento penal y la defensa durante todo el circuito judicial. Este marco normativo define etapas, plazos, reglas de prueba y derechos de las partes en procesos penales provinciales.
La Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establecen las bases para el debido proceso y las garantías de defensa en el ámbito local. Estas normas supremas rigen la actuación de jueces, fiscales y defensores durante las investigaciones y los juicios. Es esencial entenderlas para saber qué derechos asisten durante cada etapa.
Las fuentes oficiales recomiendan consultar el CPPBA y las guías de defensa disponibles en portales del Poder Judicial y del Ministerio Público. En Lanús, los abogados suelen fundamentar sus planteos en estos textos para pedir nulidades, recusaciones, o medidas cautelares cuando corresponda. La defensa debe actuar dentro de estos marcos para sostener argumentos probatorios válidos.
El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires regula la oralidad, la defensa técnica y las etapas del proceso penal en el ámbito provincial.Página oficial de la Provincia de Buenos Aires (CPPBA, resumen)
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso en todo el país, como base de un proceso equitativo.Constitución Nacional - Artículo relevante
El derecho a defensa implica poder comunicarse con un abogado, recibir información sobre cargos y participar en las decisiones procesales. Un letrado puede solicitar medidas de protección y control de la detención ante el juez.
Si recibes una citación, cargos, o enfrentás una investigación penal, lo más recomendable es consultar con un abogado especializado en defensa penal de Lanús para valorar la estrategia y los plazos procesales.
Cuando no puedas afrontar los honorarios de un letrado particular, o si la normativa local determina la intervención de un defensor público para garantizar un proceso equitativo.
Puede contactarse con la Defensoría Pública o buscar un abogado penalista de Lanús para solicitar una consulta y gestionar la defensa desde el primer momento.
La investigación define evidencias, testigos y alcance de la acusación. Un abogado puede supervisar la legalidad de las diligencias y proponer diligencias útiles para el caso.
Sí. Un letrado puede analizar vicios formales, posibles violaciones de derechos o irregularidades en las actuaciones para pedir nulidades o suspensiones del proceso.
La defensa técnica es ejercida por abogados privados o designados para el caso; la defensa pública es la asistencia brindada por defensores públicos cuando no hay recursos para contratar uno.
Los costos varían según la experiencia, la complejidad del caso y el tiempo de trabajo. Es común acordar honorarios por hora o un plan parcial con base en etapas procesales.
Sí. Para declarar correctamente, entender el alcance de tus derechos y evitar autosincriminarte, es recomendable contar con asesoría legal previa a la declaración.
Es una audiencia para revisar la legalidad de la detención y definir medidas. Se realiza en el plazo establecido por la ley, normalmente dentro de las 48 horas siguientes a la detención.
Sí. El letrado evalúa y presenta argumentos para obtener fianza, arresto domiciliario u otras medidas proporcionadas por el juez, considerando el riesgo procesal.
Lleva tu documento de identidad, copias de citaciones, material de pruebas y un resumen claro de los hechos. Esto ayuda al letrado a orientar la estrategia inicial.
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