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En Santo Domingo y la República Dominicana, el marco de Derecho cibernético, privacidad de datos y protección de datos se apoya principalmente en la protección de datos personales y en las normas relativas a delitos informáticos. La Ley No. 172-13 de Protección de Datos de Carácter Personal establece principios, derechos de los titulares y obligaciones de quienes manejan información. Este conjunto normativo busca equilibrar la innovación digital con la seguridad y la privacidad de las personas.
La práctica profesional en esta área implica asesorar a individuos y empresas para diseñar políticas de manejo de datos, evaluar riesgos y responder a incidentes de seguridad. En Santo Domingo, los sectores de servicios financieros, telecomunicaciones y comercio electrónico presentan mayores retos de cumplimiento por la magnitud de datos personales que gestionan. Un letrado especializado ayuda a transitar estos retos de cumplimiento, privacidad y seguridad riesgosamente presentes en la ciudad.
La protección de datos personales es un derecho fundamental en la República Dominicana. Esto exige que las entidades traten datos con cuidado y legalidad.
La confianza en el entorno digital depende de prácticas de protección de datos y de un cumplimiento normativo claro y verificable.
Fuentes oficiales: la normativa de protección de datos se aborda en el portal del Gobierno y documentos de justicia que detallan el marco legal aplicable a personas y empresas.
Estas situaciones concretas en Santo Domingo suelen requerir asesoría legal especializada para proteger derechos y evitar sanciones. A continuación se presentan escenarios reales y pertinentes a la región.
Notas relevantes: la Ley 172-13 exige consentimiento para el tratamiento de datos, derechos de acceso, rectificación y cancelación, y la adopción de medidas de seguridad. En Santo Domingo, las autoridades y tribunales han enfatizado la necesidad de cumplimiento, especialmente en tratamiento de datos en sectores regulados. Advertencia: consulte la normativa vigente y las guías oficiales para confirmar posibles reglamentos o resoluciones específicas que afecten su caso.
La privacidad es un componente central de los derechos humanos y debe protegerse cuando se procesan datos en entornos digitales.
Fuente: organizaciones de datos y derechos digitales reconocidas a nivel internacional
La Ley 172-13 regula el tratamiento de datos personales en la República Dominicana. Aplica a entidades públicas y privadas que gestionan datos de personas naturales en Santo Domingo y el país.
Es necesario activar el plan de incidentes, notificar a la autoridad competente y a los titulares afectados cuando corresponda, y documentar las medidas de mitigación y recuperación.
Cuando se recolectan datos personales que no son necesarios para la finalidad original, o cuando la finalidad cambia, debe obtenerse consentimiento explícito o conforme a la normativa vigente.
Puede presentar quejas ante la autoridad reguladora correspondiente y, si existe, ante la Procuraduría General de la República o la autoridad de protección de datos de carácter personal conforme a la normativa vigente.
Un asesor legal ayuda a mapear datos, diseñar políticas de privacidad, gestionar transferencias internacionales y preparar contratos con proveedores para evitar sanciones.
Sí, pero requiere salvaguardas adecuadas y cumplimiento de las restricciones de transferencia de datos que establece la ley y las guías oficiales.
Sí. Es clave que incluyan cláusulas de protección de datos, seguridad, retención, acceso y reducción de datos personales en servicio externo.
En muchos casos es recomendable designar un responsable de protección de datos o encargado del tratamiento para coordinar cumplimiento y respuesta a incidencias.
El responsable decide finalidades y medios del tratamiento; el encargado realiza el tratamiento por cuenta del responsable bajo instrucciones.
Los costos varían según alcance, tamaño de la empresa y complejidad de las operaciones; suele haber honorarios por revisión, políticas y plan de acción.
Un programa básico puede tomar de 4 a 8 semanas, mientras que una implementación completa en una empresa grande podría durar 3 a 6 meses según alcance.
Sí. Un asesor puede diseñar políticas, preparar contratos con proveedores y establecer controles para reducir riesgos antes de cualquier incidente.
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