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En Bogotá, el derecho relacionado con Centros de Datos e Infraestructura Digital abarca la protección de datos personales, la seguridad de la información y la contratación de servicios de procesamiento y almacenamiento. Este campo se aplica tanto a empresas que operan data centers como a proveedores de servicios en la nube y de colocation ubicados en la ciudad. Las normas buscan equilibrio entre innovación tecnológica y derechos de los titulares de datos.
Las empresas en Bogotá deben considerar la normativa nacional y las particularidades municipales, como permisos de uso de suelo, protección contra incendios y requisitos de seguridad física. Además, deben gestionar adecuadamente la transferencia de datos hacia o desde Colombia y la continuidad del negocio ante incidentes de seguridad. Un letrado con experiencia local ayuda a interpretar el marco regulatorio y a estructurar contratos y políticas adecuadas.
En la práctica, la normativa aplicable a centros de datos en Bogotá combina leyes federales y reglamentos con requisitos de la ciudad. Esto implica coordinación entre autoridades de protección de datos, seguridad electrónica y planificación urbana. Consultar a un asesor legal en Bogotá facilita la adecuación a cambios legales y a casos específicos de operación local.
En Colombia, las normas relevantes para el tratamiento de datos y la seguridad de la información incluyen, entre otras, las siguientes de aplicación general a centros de datos en Bogotá:
Además, la ciudad de Bogotá aplica normas locales de urbanismo, uso del suelo y seguridad eléctrica que regulan la ubicación y operación de data centers. Es clave prever requisitos del Plan de Ordenamiento Territorial y normas urbanas aplicables a instalaciones tecnológicas en zonas industriales o comerciales de la ciudad. Un asesor local ayuda a alinear estos requisitos con las prácticas contractuales y técnicas del data center.
La protección de datos personales regula el tratamiento de información que identifica a una persona. Aplica cuando un data center maneja datos de clientes o empleados. Es necesario contar con consentimiento, bases legales y medidas de seguridad adecuadas para evitar infracciones.
Las transferencias internacionales requieren salvaguardas adecuadas, como cláusulas contractuales o mecanismos legales equivalentes. El responsable debe evaluar riesgos y notificar a titulares ante posibles afectaciones. Las regulaciones buscan preservar la soberanía de datos colombianos.
Cuando ocurre una infracción que compromete datos personales, se debe notificar dentro de los plazos legales. La SIC evalúa la gravedad y puede requerir medidas correctivas. La notificación debe incluir impacto, datos afectados y medidas de mitigación.
Los contratos deben revisar cláusulas de protección de datos, responsabilidades ante incidentes, SLA, confidencialidad y subcontratación. También deben contemplar derechos de revisión y auditoría por parte del cliente.
Un Aviso de Privacidad informa a los titulares sobre qué datos se recogen, para qué se usan y con quién se comparten. Es clave para cumplir la Ley 1581 y para gestionar consentimientos y derechos de los usuarios.
Sí. La firma electrónica tiene validez legal y facilita contratos entre clientes, proveedores y centros de datos. Debe garantizar autenticidad, integridad y no repudio conforme a la Ley 527 de 1999.
Sí. Las cláusulas deben cubrir disponibilidad, tiempos de respuesta, recuperación ante desastres y protección de datos. Un abogado debe revisar límites de responsabilidad y derechos de auditoría.
Es posible si se cumplen salvaguardas adecuadas y se obtiene el consentimiento o base legal necesaria. Se deben aplicar mecanismos de transferencia y proteger derechos de titulares.
Los costos incluyen asesoría legal, implementación de políticas, auditorías, capacitación y posibles medidas técnicas. Estos gastos varían según el tamaño de la empresa y la complejidad de los datos.
La adopción completa suele durar de 1 a 3 meses para procesos básicos, y de 3 a 8 meses para estructuras complejas con múltiples proveedores. El tiempo depende de la madurez de la organización y de la integración con TI.
El tratamiento es cualquier operación sobre datos personales, como recolección, almacenamiento o transferencia. Un fichero es la base de datos donde se almacenan esos datos. Ambos conceptos regulan responsabilidades y derechos.
La normativa exige controles de acceso, monitoreo, respuesta a incidentes y planes de continuidad. Las instalaciones deben contar con políticas de seguridad de la información y pruebas periódicas de resiliencia.
“La protección de datos personales se aplica a cualquier tratamiento de información que permita identificar a una persona, con responsabilidad del encargado.” - Sic, guía de datos personales.
“La ciberseguridad es prioritaria para la transformación digital y la seguridad de la información en el sector público y privado.” - MinTIC, plan digital nacional.
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