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En Colombia la difamación se relaciona con la protección del honor y la buena reputación de las personas. La ley distingue entre injuria, calumnia y difamación para regular las consecuencias de acusaciones o señalamientos públicos. La libertad de expresión convive con la tutela del buen nombre, especialmente ante publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.
El marco jurídico contempla vías penales y civiles para responder a ataques a la honra. Un asesor legal puede ayudar a determinar si corresponde exigir retractación, reparación del daño o una indemnización por perjuicios. La protección de la honra es relevante tanto para individuos como para figuras públicas y privadas.
La libertad de expresión no ampara la difamación y debe respetar el honor de las personas.Fuente: Corte Constitucional
La Constitución protege el derecho al honor, la intimidad y la buena fama de las personas. Este marco fundamental delimita el alcance de la libertad de expresión ante ataques a la honra ajena. Su vigencia se toma desde la Constitución de 1991.
La honra y la reputación deben ser protegidas frente a expresiones que causen daño indebido.
Fuente: Corte Constitucional
El Código Penal tipifica injuria y calumnia como delitos; las sanciones varían según la gravedad y la reincidencia. En general, la difamación puede dar lugar a sanciones penales o a medidas cautelares dependiendo del caso.
La difamación puede generar responsabilidad penal y, en su caso, reparación civil por el daño a la honra.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Esta norma regula el habeas data y el manejo de datos personales. Protege contra abusos en la difusión de información que afecte la honra mediante bases de datos y publicaciones.
Las bases de datos deben respetar la honra patrimonial y la intimidad de las personas.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La difamación es la afectación a la honra por información falsa difundida públicamente. La injuria es un ultraje directo al honor; la calumnia implica imputar un hecho delictivo. En la práctica, los tres conceptos pueden solaparse ante publicaciones comunes.
Consulto inmediatamente a un abogado experto en difamación. Es clave solicitar retractación y evaluar indemnización por daños morales y materiales.
Se puede requerir por vía administrativa o judicial, según el alcance y el medio. Un letrado puede gestionar la solicitud y, si corresponde, iniciar una acción civil o penal.
Los honorarios varían por experiencia, complejidad y ubicación. Normalmente se pacta una consulta inicial y un presupuesto por etapas procesales. Considere costos de tutela, demanda y rectificación.
La duración depende de la carga judicial y la complejidad. Un procedimiento civil puede extenderse de 6 a 12 meses; un proceso penal puede variar significativamente según pruebas y jurisdicción.
Depende del objetivo. Si busca una sanción penal y/o retractación, puede necesitar defensa penal; para compensación económica, una acción civil es habitual.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero tiene límites cuando invade la honra de terceros. Las resoluciones judiciales equilibran ambos derechos.
Sí. La difamación puede justificar sanciones internas o despido, y afectar su credibilidad ante empleadores. Un abogado puede proteger sus derechos laborales y gestionar reclamaciones.
Las vías habituales incluyen la Fiscalía para delitos penales y tribunales civiles para reclamaciones de reparación. También puede iniciarse con medidas de tutela ante la autoridad judicial competente.
Documentación de publicaciones, capturas de pantalla, direcciones web, fechas, testigos y pruebas de daño. Un abogado le ayudará a consolidar evidencia probatoria.
Es posible solicitar retirada o rectificación ante plataformas y, si procede, acudir a vías legales para eliminar o corregir el contenido y exigir reparación.
Debe contar con experiencia en derecho penal y civil, conocimiento de medios de comunicación y redes sociales, y capacidad para negociar retractaciones y demandas.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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