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En Cali, Colombia, el seguro de discapacidad forma parte del sistema de seguridad social y contempla beneficios para personas con pérdida parcial o total de la capacidad para trabajar. Este marco legal se aplica a trabajadores dependientes, independientes y pensionados que cumplen los requisitos de invalidez reconocidos por las entidades competentes. En Cali, la tramitación suele realizarse a través de la EPS del afiliado y, en caso de invalidez, por Colpensiones o la entidad administradora correspondiente, según el régimen de afiliación.
La protección para personas con discapacidad incluye derechos de salud, rehabilitación y, cuando corresponde, pensión de invalidez. Es clave entender que la valoración de invalidez es un proceso técnico que suele requerir peritajes médicos y la revisión por una Junta de Calificación de Invalidez. En Cali, el acceso a estos beneficios depende de la afiliación, los aportes y la correcta presentación de la documentación requerida.
“La pensión de invalidez se concede cuando la capacidad de trabajo se ve afectada de forma permanente.”
“La protección social en Colombia garantiza derechos básicos para personas con discapacidad.”
Fuente: Colpensiones y Ministerio de Salud y Protección Social (enlaces oficiales al final de la guía).
Notas útiles para Cali: las políticas nacionales se aplican en todos los departamentos, pero los solicitantes deben cumplir con requisitos locales de EPS y con la documentación específica que exigen las juntas de calificación. Se recomienda revisar versiones actualizadas de estas normas en los portales oficiales.
“La Ley 1618 de 2013 regula derechos y garantías para personas con discapacidad en Colombia.”
“La gestión de invalidez y las prestaciones se coordinan entre EPS, Colpensiones y las Juntas de Calificación.”
La pensión de invalidez es un beneficio de la seguridad social para personas con reducción permanente de la capacidad laboral. Se solicita cuando se demuestra incapacidad para trabajar de forma permanente.
Se presenta una solicitud formal junto con certificados médicos, historial laboral y documentos de identidad. El proceso puede requerir evaluaciones por médicos de la entidad y la realización de una Junta de Calificación de Invalidez.
Debe considerarse apelación cuando la evaluación médica o el monto de la pensión no cumplen con lo esperado. El plazo típico para recursos suele ser de 30 días hábiles desde la resolución.
La solicitud se presenta ante la EPS del afiliado y, si corresponde, ante Colpensiones. También se deben presentar documentos ante la Junta de Calificación de Invalidez.
Un asesor legal puede coordinar médicos, revisar expedientes y representar ante las entidades para evitar pérdidas de derechos. El proceso suele ser complejo y con plazos estrictos.
Sí. Un abogado puede solicitar historiales clínicos, informes de especialistas y pruebas funcionales para respaldar la invalidez.
Sí, especialmente si el proceso es denegado o si se requiere apelación. Un profesional familiarizado con la normativa local facilita la gestión y los recursos.
Normalmente se requieren certificados médicos y evaluaciones de especialistas que acrediten la discapacidad. Sin documentación suficiente, la solicitud puede ser rechazada.
Los honorarios varían; algunos abogados trabajan por porcentaje de la reclamación ganada. Solicite claridad sobre costos y modalidades de pago antes de iniciar.
La invalidez se refiere a una pérdida permanente de la capacidad laboral, mientras que la incapacidad puede ser temporal.
Es la entidad que evalúa la gravedad de la discapacidad y certifica si procede la invalidez. Emite un dictamen que orienta la aprobación de la pensión.
El proceso puede demorar entre 3 y 6 meses, dependiendo de la complejidad de cada caso y de la carga de trabajo de las entidades.
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