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El seguro de discapacidad en Paraguay forma parte de la protección social y de los derechos humanos. Este seguro busca brindar apoyo económico y acceso a servicios cuando una persona presenta una discapacidad certificada. Para obtener las prestaciones, es clave cumplir requisitos médicos, de ingresos y administrativos ante las entidades de seguridad social.
La base legal combina la Constitución Nacional y normas internacionales ratificadas por Paraguay. En la práctica, el procedimiento suele exigir evaluación médica, documentación y trámites ante la entidad gestora. Contar con asesoría legal puede evitar errores y demoras que afectan el derecho a las prestaciones.
La normativa paraguaya en materia de discapacidad se apoya en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por el país. Entre las bases clave se encuentran principios de igualdad, no discriminación y protección social para todas las personas.
Constitución Nacional garantiza derechos fundamentales y protección contra la exclusión por motivos de discapacidad. Estos principios orientan las políticas públicas y los procedimientos administrativos del seguro de discapacidad.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) de la ONU ha sido ratificada por Paraguay y guía la interpretación de derechos en el país. La CRPD impulsa la accesibilidad, la participación social y la protección social para personas con discapacidad.
Ley de Protección de las Personas con Discapacidad (normativa paraguaya específica) establece garantías para la libre movilidad, la educación inclusiva y la igualdad de oportunidades en empleo y servicios. Las reformas recientes buscan reforzar la implementación de estas garantías en el sistema de seguridad social.
“La protección social y la accesibilidad son componentes esenciales de los derechos de las personas con discapacidad.”
“Las personas con discapacidad deben gozar de los mismos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.”
Es un conjunto de prestaciones y apoyos económicos para personas con discapacidad. Incluye pensión, atención médica y servicios de rehabilitación cuando corresponde.
Debe solicitar una revisión administrativa o un recurso de alzada ante la entidad gestora. Un asesor legal puede preparar argumentos y pruebas médicas.
Existe una valoración médica y social. Se evalúan límites funcionales, asistencia necesaria y capacidad laboral para establecer la elegibilidad.
Los plazos varían, pero las entidades suelen responder en meses. Si pasa mucho tiempo sin respuesta, conviene consultar con un abogado.
Puede contactar con un abogado o asesor legal con experiencia en seguridad social y discapacidad. Las consultas iniciales suelen ayudar a planificar el caso.
Una reevaluación puede ser necesaria para confirmar la condición, actualizar el grado de discapacidad o ajustar la cobertura.
Muchos abogados ofrecen primera consulta gratuita y tarifas por hora o por resultados. Pregunte por honorarios y costos antes de iniciar.
La invalidez permanente suele generar derecho a pensión de mayor duración. La temporal puede limitarse a tratamiento y apoyo temporal.
Informe médico, historia clínica, documentos de identidad, certificados de ingresos y, si corresponde, pruebas de capacidad laboral.
No siempre, pero un asesor legal facilita desde la solicitud inicial hasta recursos y apelaciones. Puede ahorrarle tiempo y errores.
Sí. Un letrado puede presentar recursos, gestionar audiencias y presentar pruebas actualizadas para evitar dilaciones innecesarias.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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