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En Asunción, como capital, las personas con discapacidad tienen derechos protegidos por la Constitución y acuerdos internacionales. Estos derechos abarcan igualdad ante la ley, acceso a servicios de salud, educación inclusiva, trabajo y medidas de accesibilidad. Aunque existen avances, persisten retos de implementación en transporte público y edificios públicos y privados. Un asesor legal puede ayudar a identificar las vías y procedimientos correctos para exigir ese marco de derechos.
La base legal está en la Constitución Nacional de Paraguay y en la normativa internacional incorporada al derecho paraguayo. En particular, Paraguay ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que impulsa la protección de derechos y la eliminación de barreras para la participación plena.
Entre las normas relevantes se destacan, por nombre, las siguientes referencias oficiales:
Estas referencias deben consultarse junto con decretos y resoluciones que desarrollen su aplicación práctica en Asunción. Para información actualizada, ver las fuentes oficiales citadas al final de esta guía.
“La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la igualdad ante la ley y la plena inclusión social.”
“La educación inclusiva y las medidas de accesibilidad son elementos esenciales para la participación de todas las personas con discapacidad.”
“La legislación paraguaya se apoya en instrumentos internacionales para proteger los derechos de las personas con discapacidad.”
La discapacidad se define como una limitación funcional que puede requerir apoyo social. La definición se aplica para determinar acceso a beneficios y servicios, y se evalúa conforme a procedimientos médicos y administrativos oficiales.
Debe iniciar con una evaluación médica y posteriormente presentar la solicitud ante la autoridad competente. Reúne historial médico, diagnósticos, informes y documentos de identidad. El proceso puede durar varias semanas.
La solicitud se realiza cuando existe incapacidad laboral documentada y cumpla con los criterios de elegibilidad de IPS. El tiempo de resolución suele variar entre 1 y 4 meses, según los casos.
La reclamación puede presentarse ante la empresa o ante la autoridad laboral correspondiente en Asunción, y, de ser necesario, ante el órgano judicial competente. Los plazos y requisitos dependen del tipo de discriminación.
Un abogado ayuda a asegurar que la solicitud cumpla con todos los requisitos, prepara pruebas médicas y gestiona recursos ante decisiones adversas, evitando retrasos por errores formales.
Sí, las normas municipales pueden exigir adaptaciones de accesibilidad en establecimientos y servicios públicos para garantizar igualdad de acceso a personas con discapacidad.
Si la certificación fue negada, un abogado puede ayudar a presentar recursos y a presentar pruebas adicionales para defender derechos ante las autoridades competentes.
La discapacidad es una condición que implica limitaciones en la actividad o participación, mientras la limitación funcional es el impacto específico en una tarea concreta.
Las tarifas varían según la complejidad y la experiencia del letrado. Un primer asesoramiento puede costar entre 0 y 1 salario mínimo, y los honorarios finales se acuerdan por escrito.
Los tiempos dependen del tipo de trámite. Certificados y beneficios pueden resolverse en 1 a 4 meses, mientras recursos pueden extenderse varios meses más.
Sí, suelen requerirse informes médicos recientes, evaluaciones funcionales y diagnósticos. Algunos casos exigen reportes de especialistas y pruebas complementarias.
Sí, es posible presentar reclamaciones administrativas o judiciales si se incumplen normas de accesibilidad en el transporte público y servicios asociados.
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