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La prevención de disputas y el prelitigio son fases que buscan evitar que los conflictos lleguen a juicio. En Montería, estas prácticas se aplican a empresas, familias y entidades públicas y privadas para gestionar diferencias mediante acuerdos, conciliaciones o mediaciones antes de acudir a un proceso judicial. El objetivo es reducir costos, tiempos y incertidumbres jurídicas mediante soluciones extrajudiciales.
Los asesores legales especializados en este campo ayudan a redactar acuerdos, preparar reclamaciones y coordinar sesiones de conciliación o mediación. En Montería, estos servicios se prestan especialmente a pymes locales, contratistas de obras y comerciantes que operan en Córdoba y la región circundante. La experiencia local facilita adaptar las estrategias a la dinámica comercial y urbanística de la ciudad.
En Montería, como en el resto de Colombia, las normas relevantes para la prevención de disputas y el prelitigio se rigen principalmente por leyes nacionales que se aplican con efectos locales. Estas normas establecen mecanismos para resolver conflictos fuera de la vía judicial y definen plazos, requisitos y procedimientos para la conciliación y la mediación.
Ley 640 de 2001: establece la conciliación previa obligatoria en materia civil, comercial y de familia, con el propósito de promover acuerdos antes de presentar una demanda. La conciliación debe realizarse en centros autorizados y ante un conciliador certificado. Vigente desde 2001, con reformas posteriores que han fortalecido su uso en disputas comerciales locales.
Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012: regula el proceso civil y comercial y consolida las reglas de prelitigio y mediación previa durante la tramitación de causas. Entró en vigor de forma gradual a partir de 2013 y ha recibido reformas técnicas para mejorar la eficiencia procesal. En Montería, estas reglas se aplican a través de jueces y centros de conciliación autorizados.
“La mediación y la conciliación reducen el costo total de resolver disputas y acortan los plazos frente a un litigio tradicional.”
Fuente: World Bank
“La resolución extrajudicial de conflictos fortalece el entorno de negocios y la protección de derechos de las partes.”
Fuente: American Bar Association
Es un conjunto de medidas para resolver conflictos antes de iniciar un proceso judicial. Incluye conciliación, mediación y negociación asistida por un abogado o asesor legal. Su objetivo es evitar costos y tiempos de un litigio completo.
La parte interesada solicita una sesión de conciliación ante un centro autorizado o ante la Procuraduría en casos específicos. Un conciliador neutral facilita un acuerdo entre las partes. Si hay un acuerdo, se suscribe un acta que tiene fuerza ejecutoriada.
En materia civil y comercial, la Ley 640 de 2001 establece la conciliación previa como paso diagnóstico antes de demandar. En algunas situaciones, la carga de la prueba y los costos pueden variar según el caso y la jurisdicción local.
Se gestiona en centros de conciliación autorizados y en algunas oficinas de la municipalidad o entidades privadas certificadas en Montería. El proceso requiere la presencia de las partes o representantes y de un asesor legal.
Un abogado evalúa la viabilidad de acuerdos, identifica cláusulas clave y protege derechos. También comunica sobre plazos, costos y posibles efectos de cada acuerdo ante la autoridad correspondiente.
Sí. Un acuerdo suscrito en conciliación puede evitar la interposición de demandas si cubre las diferencias y establece obligaciones claras. En caso de incumplimiento, se pueden activar mecanismos de ejecución forzosa.
La conciliación busca un acuerdo vinculante entre las partes. La mediación facilita la comunicación, pero no impone resoluciones; el mediador ayuda a las partes a llegar a un arreglo voluntario.
Los costos incluyen honorarios del abogado, tasas de conciliación y posibles gastos notariales. En Montería, los montos varían según el centro; algunos ofrecen tarifas fijas para casos simples.
La fase de conciliación puede durar desde una sesión de 1 a 3 horas hasta varias semanas si se requieren varias reuniones. La totalidad depende de la complejidad del conflicto y la disponibilidad de las partes.
Normalmente se requieren identificación de las partes, contratos, facturas, comunicaciones previas y cualquier evidencia documental. Un asesor legal puede preparar un paquete para presentar en la sesión.
Si no hay acuerdo, las partes pueden continuar por la vía judicial. La conciliación sin acuerdo no impide proseguir con la demanda, pero puede haber costos y tiempos adicionales.
Las reformas al Código General del Proceso y ajustes a la Ley 640 de 2001 han reforzado la opción de acuerdos previos y la ejecución de los acuerdos. Es clave consultar con un abogado local para conocer el estado actual.
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