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Leer respuesta completaEl divorcio y la separación en Puerto de Santiago, Tenerife, se enmarcan dentro del derecho de familia español. La normativa nacional regula las vías para disolver el vínculo matrimonial y ordenar la guarda de los hijos, los alimentos y la distribución de bienes. En la práctica, existen dos caminos principales: divorcio por mutuo acuerdo y divorcio contencioso, sin necesidad de una separación previa desde hace años.
Para residentes de Puerto de Santiago, el proceso suele tramitarse ante los Juzgados de Primera Instancia de Tenerife o ante la jurisdicción competente en la isla. Las resoluciones abordan custodia, pensión alimenticia, uso de la vivienda familiar y partición de bienes gananciales. Además, pueden establecer medidas provisionales para preservar el interés de los menores mientras se resuelve el procedimiento.
Las bases jurídicas del divorcio en Puerto de Santiago provienen principalmente del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas normas regulan tanto el divorcio por mutuo acuerdo como el contencioso, así como las medidas de guarda, pensión y reparto de bienes. La legislación aplicable establece el marco para la redacción del convenio regulador y la sentencia que ponga fin al vínculo matrimonial.
Además, la Ley de Jurisdicción Voluntaria regula ciertos trámites de divorcio por mutuo acuerdo fuera de los juzgados, y su entrada en vigor ha supuesto procesos simplificados para personas que mantienen acuerdos estables. En Canarias, existen criterios regionales para servicios sociales y protección de menores que pueden influir en la ejecución local de resoluciones. La normativa de protección de menores, recogida en la legislación española, guía la decisión del tribunal respecto a la custodia y el régimen de visitas.
“El divorcio puede solicitarse de mutuo acuerdo o de forma contenciosa, y las medidas relativas a la guarda de los hijos, la vivienda y la pensión se fijan en el convenio regulador o en la sentencia.”
“La custodia de menores se decide en función del interés superior del menor, otorgando estabilidad y una relación razonable con ambos progenitores.”
“Las resoluciones de divorcio se dictan por los Juzgados competentes y pueden incluir medidas provisionales mientras se tramita el proceso.”
Un convenio regulador es un acuerdo entre cónyuges sobre guarda de hijos, pensión alimenticia, régimen de visitas y uso de la vivienda familiar. Este documento se presenta junto con la demanda o durante el mutuo acuerdo ante el juez. En Puerto de Santiago, debe ajustarse a las normas del Código Civil y puede ser modificado posteriormente.
El divorcio de mutuo acuerdo se produce cuando ambas partes están de acuerdo sobre las medidas para menores, bienes y pensión. Suele ser más rápido y económico que el contencioso, y permite definida la planificación familiar futura. Puede realizarse ante el juez o mediante la vía de jurisdicción voluntaria si existe consentimiento claro.
Se recurre a un divorcio contencioso cuando no hay acuerdo sobre guarda, pensión o reparto de bienes. En Puerto de Santiago, este proceso se tramita en los juzgados de Tenerife y puede extenderse meses o años, dependiendo de la complejidad.
La presentación corresponde al juzgado de Primera Instancia competente en Tenerife. Un abogado local puede indicar qué juzgado es el adecuado según las direcciones de residencia y domicilio de las partes.
Las medidas provisionales protegen a los menores, la vivienda y los ingresos mientras se resuelve el proceso. Se pueden pedir al inicio del procedimiento y pueden durar hasta que se dicte la sentencia final.
Sí, se puede solicitar una modificación si varían circunstancias relevantes como trabajo, ingresos o la capacidad de cuidado. El juez evalúa si el cambio es en interés superior del menor.
Un abogado puede iniciar medidas necesarias para asegurar la repartición adecuada de activos y deudas. Si la parte no coopera, se puede requerir intervención judicial para la ejecución de la sentencia o el convenio.
Necesitarás certificados de matrimonio, de nacimiento de los hijos, documentos de identidad y, en su caso, certificados de empadronamiento y estado civil. También conviene aportar documentos de propiedad y de deudas compartidas.
La separación mantiene el vínculo matrimonial legal, pero suspende derechos como la convivencia y ciertos efectos patrimoniales. El divorcio disuelve el matrimonio y puede responder a acuerdos de custodia, pensión y bienes.
La custodia compartida implica que ambos progenitores ejercen la guarda y educación de forma coordinada. La custodia exclusiva se concede a un progenitor cuando la relación con el otro es inviable o riesgosa para el menor.
Los honorarios varían según la complejidad, el número de sesiones y la duración del proceso. Es frecuente acordar una tarifa por hora o un precio cerrado para fases clave como la demanda y la firma del convenio regulador.
Sí, un asesor puede gestionar acuerdos y coordinar con profesionales en otras jurisdicciones para casos que involucren bienes o niños en distintos países. Esto ayuda a reducir retrasos y costos en el divorcio.
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