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Guía Gratuita para Contratar un Abogado de Familia
En San Martín, como en toda la Argentina, el divorcio y la separación se regulan principalmente por normas nacionales vigentes. Los procesos suelen tramitarse ante juzgados de familia y civil de la Provincia de Buenos Aires, con particularidades de cada distrito. En la práctica, los casos suelen abordar tenencia de hijos, alimentos, régimen de convivencia y distribución de bienes. En promedio, un divorcio por ruptura del vínculo puede demorar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la complejidad y de la carga de trabajo judicial local.
1) Usted y su cónyuge desean divorciarse por ruptura del vínculo y necesitan preparar un acuerdo de convivencia, custodia y alimentos para presentarlo ante el juzgado de San Martín. Un asesor legal puede ayudar a redactar un convenio de divorcio por acuerdo y a gestionar las firmas necesarias.
2) Hay hijos menores y surge una disputa sobre la guarda, el periodo de visitas y la cuota alimentaria. Un letrado puede proponer un plan de crianza, calcular alimentos y gestionar medidas provisionales para protección de los menores.
3) Existe deudas o bienes gananciales y no hay acuerdo sobre su distribución. Un abogado especializado ayuda a valorar bienes, liquidar la sociedad conyugal y evitar litigios prolongados.
4) Ha habido violencia familiar o riesgo para la seguridad de alguno de los cónyuges o de los hijos. Un asesor legal puede solicitar medidas de protección y custodia urgente ante el juez y orientar sobre recursos disponibles.
5) Uno de los cónyuges se encuentra fuera del país o no tiene domicilio estable y requiere orientación sobre la competencia y la forma de notificación. Un abogado aclara requisitos de jurisdicción y procedimientos de notificación para no perder plazos.
El divorcio en San Martín se rige por normas nacionales que se aplican en toda la Provincia de Buenos Aires. El Código Civil y Comercial de la Nación regula el divorcio por ruptura del vínculo, la patria potestad, la guarda de menores y la cuantía de los alimentos. LEY 26.994 estableció el marco vigente desde 2015, con actualizaciones posteriores para simplificar trámites y ampliar opciones de convenio.
La Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes determina derechos y deberes de los menores en situaciones de separación y define criterios para la guarda, la convivencia y las relaciones familiares. Esta norma es clave para casos con menores de edad en San Martín.
La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres regula medidas de protección y salvaguardas ante situaciones de violencia durante procesos de separación y divorcio. Esta ley facilita medidas urgentes para proteger a las víctimas.
En el ámbito procesal, el procedimiento de divorcio en la Provincia de Buenos Aires se rige por el código procesal provincial y sus reglamentaciones, aplicables a San Martín para las actuaciones judiciales y la ejecución de sentencias.
“El divorcio se consolida por ruptura del vínculo matrimonial conforme al Código Civil y Comercial de la Nación, con especial atención a la protección de menores y a las medidas de seguridad cuando exista violencia.”
“La Ley 26.061 garantiza la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procesos de familia, incluyendo guarda, convivencia y alimentos.”
“La Ley 26.485 establece normas específicas para la protección contra la violencia de género durante cualquier trámite legal, incluyendo divorcios.”
Es la modalidad de disolución del vínculo matrimonial sin necesidad de demostrar causales. Se solicita ante el juez cuando no hay posibilidad de reconciliación y se cumplen los requisitos de convivencia y separación. En San Martín, la presentación suele hacerse ante el juzgado de familia local y puede acompañarse de acuerdos sobre hijos y bienes.
La guarda compartida implica que ambos progenitores participan de las decisiones relevantes y del cuidado de los hijos. Se aplica cuando ambos pueden asegurar su interés superior y coordinación suficiente, y se ordena mediante resolución judicial. En casos con menores, la prioridad es favorecer el contacto y la estabilidad del menor.
Los costos incluyen tasas judiciales, honorarios del abogado y gastos de informes. Si hay acuerdo entre las partes, los costos tienden a ser menores que en un divorcio contencioso, pero pueden variar según la complejidad y las medidas provisionales requeridas. Se recomienda solicitar un presupuesto por escrito antes de iniciar el trámite.
En San Martín, el proceso suele durar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la existencia de acuerdos, la cooperación entre partes y la carga de trabajo del juzgado. Casos complejos con hijos y bienes pueden demorar más, especialmente si hay recursos o impugnaciones.
Sí. Un abogado o asesor legal puede preparar la demanda, explicar los derechos y obligaciones de cada parte y facilitar acuerdos razonables. También puede gestionar medidas provisionales para alimentos y custodia durante el proceso.
La pensión se determina por las necesidades del menor y la capacidad económica de los progenitores. Se puede ajustar si cambian las circunstancias, mediante modificación de la sentencia. El objetivo es garantizar el bienestar del menor sin generar desequilibrio económico significativo.
Se puede solicitar medidas coercitivas o ejecución de sentencia ante el juez. La normativa permite imponer sanciones y tomar medidas para proteger al menor y al progenitor afectado. Es clave documentar incumplimientos con registros y pruebas.
Sí, pero el procedimiento debe adaptarse a la jurisdicción y a los sistemas de notificación internacionales. Un abogado puede indicar la forma adecuada de notificar y de continuar el trámite sin perder plazos. Es fundamental tener un domicilio para notificaciones en Argentina.
El divorcio por convenio implica acuerdo entre las partes sobre custodia, alimentos y bienes, y suele ser más rápido y menos costoso. El contencioso se da cuando no hay acuerdo y requiere resolución judicial tras alegaciones y pruebas. En general, el convenio facilita una resolución más predecible para la familia.
La Ley 26.061 exige considerar el interés superior del menor en cada decisión, incluyendo guarda, convivencia y educación. Las resoluciones deben favorecer condiciones estables para el menor y pueden requerir informes de servicios sociales. Esto orienta a los jueces para resolver de forma centrada en los derechos de los niños.
Sí. Las sentencias pueden ser modificadas si cambian sustancialmente las circunstancias, por ejemplo en la pensión alimentaria, guarda o régimen de visitas. Debe presentarse una solicitud formal ante el mismo juez que dictó la sentencia, con pruebas recientes.
Solicite medidas de protección de forma urgente ante el juez, y considere contactar a autoridades y servicios de apoyo. La Ley 26.485 facilita medidas de protección, como restricción de contacto y órdenes de alejamiento, para garantizar la seguridad de la afectada y los menores.
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