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En Mendoza, los delitos relacionados con drogas se rigen por la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, complementada por reglamentos y prácticas provinciales. Este marco penal regula la fabricación, tenencia, tráfico, distribución y suministro de estupefacientes y psicotrópicos. A la vez, los procesos penales en Mendoza se desarrollan bajo el Código Procesal Penal de Mendoza, que adopta un sistema acusatorio y de oralidad en gran parte de las etapas procesales.
Importante: la jurisprudencia local y nacional ha impulsado perspectivas de salud pública para el consumo personal y ha enfatizado garantías constitucionales durante la fase procesal. Esto influye en la defensa y en la presentación de pruebas, especialmente en casos de posesión para consumo o tráfico menor.
La Ley 23.737 regula la fabricación, tenencia, tráfico y suministro de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en todo el país.
La Ley de Salud Mental 26.657 establece principios de tratamiento y derechos de las personas con consumo problemático, con énfasis en enfoques articulados entre salud y justicia.
El Poder Judicial de Mendoza aplica un sistema acusatorio con garantías procesales y oralidad, buscando decisiones fundamentadas en pruebas y derechos de defensa.
En Mendoza, las reformas y reglamentaciones buscan equilibrar la sanción penal con alternativas de tratamiento cuando corresponde, especialmente en casos de consumo personal y en pruebas de tráfico que no demuestran ánimo de lucro claro. Para entender el alcance local, consulte la normativa disponible en el portal oficial nacional y el sitio institucional de la provincia.
La Ley 23.737 regula la fabricación, tenencia, tráfico y suministro de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Prohíbe las conductas delictivas y establece sanciones para quienes las cometan, en todas las provincias, incluido Mendoza.
La defensa debe basarse en la revisión de pruebas, posibles irregularidades en la cadena de custodia y el respeto de garantías constitucionales. Un abogado puede solicitar nulidades, peritajes y medidas cautelares adecuadas a cada caso.
Los plazos varían según la complejidad y las medidas cautelares. En general, los procesos pueden durar varios meses; la fase de juicio oral suele extenderse entre 6 y 12 meses si no hay dilaciones significativas.
Sí. Un asesor legal puede orientar sobre derechos, posibles sanciones administrativas y enfoques de tratamiento, y así evitar consecuencias penales innecesarias.
La posesión para consumo suele ser objeto de debate y potencial apoyo terapéutico, mientras que el tráfico implica ánimo de lucro y distribución. La prueba y la motivación son clave para diferenciar los hechos.
Sí. Una condena puede quedar registrada y afectar oportunidades laborales. Un abogado puede buscar medidas alternativas y estrategias para minimizar el impacto.
Los costos varían por experiencia, complejidad del caso y región. Pueden incluir honorarios iniciales, retenciones y gastos de peritajes. Pregunte por estimaciones y plan de pagos.
La defensa debe ser constante. Si no hay abogado, el juez puede designar uno de oficio, pero siempre es preferible contar con asesoría previa para proteger derechos y pruebas.
Documentos personales, antecedentes penales (si los hay), actas de detención, informes policiales y cualquier pericia disponible. Su abogado coordinará la recopilación adicional necesaria.
La Ley 23.737 contempla sanciones que pueden ser penales o administrativas, dependiendo de la gravedad y la calificación del hecho. En algunos casos se pueden aplicar medidas alternativas a la prisión.
En Mendoza existen enfoques de salud pública para consumo problemático y pueden proponerse medidas de tratamiento como parte de la resolución del caso. Un letrado puede gestionar estas opciones.
Fuente principal: Ley 23.737 y su reglamentación en Argentina
Fuente adicional: Ley de Salud Mental 26.657 y buenas prácticas en salud y justicia
Fuente provincial: Marco normativo procesal penal de Mendoza y acceso a la defensa
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