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La debida diligencia es un proceso sistemático para identificar, evaluar y mitigar riesgos en transacciones y operaciones. En Concepción, ciudad clave de la región del Biobío, las actividades industriales y comerciales requieren revisar aspectos financieros, laborales, ambientales y de cumplimiento normativo. Un asesor legal especializado ayuda a prevenir incumplimientos y a planificar estrategias de mitigación antes de cerrar un negocio o contratar proveedores.
El deber de diligencia no es exclusivo de grandes empresas; incluso pymes en Concepción deben considerar estas prácticas. Un letrado puede aportar diagnóstico de riesgos, revisión de documentos y seguimiento de acuerdos para reducir exposures legales y regulatorios. En la práctica, la diligencia debida facilita decisiones informadas y protege a las partes frente a contingencias futuras.
La Ley de Mercado de Valores rige operaciones financieras e instrumentos de inversión en Chile. Es base para procesos de due diligence en transacciones complejas, como fusiones o adquisiciones de empresas en Concepción. Ha sido objeto de reformas regulatorias para fortalecer la transparencia y la protección de minoristas.
Esta ley regula el tratamiento de datos personales y la privacidad de las personas. Es clave para diligencias que involucren revisión de expedientes laborales, bases de datos de clientes o proveedores. En su implementación, Chile ha realizado ajustes para ampliar derechos y obligaciones de responsables y operadores.
La Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en beneficio de la empresa. Esto impulsa la necesidad de políticas de diligencia para prevenir actos ilícitos. En Concepción, diversas industrias deben vigilar estas obligaciones durante procesos de compra o contratación.
Las Directrices sobre Empresas y Derechos Humanos señalan la responsabilidad de respetar los derechos humanos y la necesidad de una diligencia debida para identificar, mitigar y rendir cuentas de impactos.
OHCHR - ohchr.org
La diligencia debida es un proceso para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo una empresa aborda sus impactos en los derechos humanos.
OECD - oecd.org
Las empresas deben incorporar prácticas de diligencia para gestionar riesgos de corrupción y otros impactos éticos en su cadena de valor.
UN Global Compact - ungobalcompact.org
La debida diligencia es un proceso estructurado para identificar riesgos y mitigarlos antes de cerrar un trato. En Concepción, facilita decisiones informadas y cumplimiento normativo en operaciones locales.
Se revisan estados contables, contratos, permisos ambientales y laborales, así como obligaciones fiscales. Después se emite un informe con hallazgos y recomendaciones de mitigación.
Inicie antes de firmar cartas de intención o contratos definitivos. Un plan inicial de diligencia de 2 a 4 semanas es típico para pymes, más para transacciones complejas.
En la región del Biobío se revisan permisos de impacto ambiental, informes de manejo de residuos y antecedentes laborales como contratos y sindicatos. El cumplimiento evita contingencias futuras.
Porque la adquisición puede implicar bases de datos de clientes o empleados. La Ley 19.628 exige protección y adecuado tratamiento de esa información.
Es posible, pero no recomendado. Un asesor legal facilita el acceso a documentos, interpretación de cláusulas y mitigación de riesgos desde el inicio.
Sí. Un plan de cumplimiento ayuda a formalizar medidas contra riesgos de corrupción, lavado de activos y other ilícitos en la operación.
Puede ser menos exhaustiva, pero sigue siendo útil para evitar sorpresas. El alcance debe adaptarse al tamaño y al nivel de riesgo de la operación.
La diligencia financiera se centra en finanzas y pasivos. La diligencia integral cubre también aspectos legales, laborales, ambientales y reputacionales.
Solicite estados financieros, certificados de permisos ambientales, contratos laborales y comerciales, información tributaria y expedientes de litigios.
Para una pyme, entre 2 y 6 semanas. Para operaciones complejas, como fusiones grandes, 8 a 12 semanas o más pueden ser necesarios.
Se evalúan medidas de mitigación, renegociación de cláusulas o desistimiento de la operación si el riesgo es inaceptable.
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