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La debida diligencia, o due diligence, es un conjunto de procesos para verificar identidades, antecedentes y la procedencia de fondos en operaciones comerciales. En Godoy Cruz, estas prácticas se enmarcan en normas nacionales que exigen transparencia y trazabilidad en transacciones. Su objetivo es prevenir lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraudes, y así proteger la seguridad jurídica de contratos locales.
Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo - Ley 25.246 regula las obligaciones de debida diligencia para personas y empresas obligadas y establece mecanismos para reportar operaciones sospechosas. En Godoy Cruz, esta norma se aplica a bancos, escribanos, casas de cambio y firmas de servicios para asegurar trazabilidad de fondos.
La UIF señala que las entidades obligadas deben implementar políticas de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo de operaciones para prevenir delitos financieros.
Ley de Sociedades Comerciales - Ley 19.550 regula la constitución, administración y disolución de sociedades en Argentina. Exige registros y controles adecuados de los socios y transparencia en la gestión. Es relevante para las operaciones societarias que se realizan en Godoy Cruz.
Código Civil y Comercial de la Nación - Ley 26.994 consolidó normas civiles y comerciales desde 2015, afectando contratos, responsabilidades y diligencia en operaciones jurídicas. Su aplicación es útil para contratos de compraventa, arrendamientos y fusiones en la región.
El CCCN facilita principios de buena fe y claridad en contratos, lo que influye directamente en la debida diligencia de las partes.
La normativa de prevención de lavado de dinero impone deber de debida diligencia a sujetos obligados y establece controles para operaciones inusuales.
La debida diligencia es el proceso de verificar identidad, antecedentes y origen de fondos en transacciones relevantes. Aplica para bancos, abogados, escribanos, empresas y proveedores que operan en Godoy Cruz ante operaciones de mayor riesgo. Es un requisito para evitar delitos financieros y proteger la validez de contratos.
Se verifican el título, las cargas y gravámenes en el registro correspondiente. Se solicita certificaciones municipales y catastrales para confirmar la legitimidad de la operación. Un letrado local puede coordinar estas verificaciones y redactar cláusulas de salvaguarda.
Los honorarios varían según la complejidad: inmueble único puede costar entre 0,5 % y 1,5 % del valor de la transacción, mientras fusiones o auditorías contables requieren montos mayores. Pida un presupuesto detallado y un plan de trabajo por escrito.
Una operación sospechosa es aquella que no tiene justificación económica clara o descompensa el perfil del cliente. En Argentina, las entidades deben reportarla a la UIF siguiendo procedimientos establecidos. El asesor puede guiar sobre cuándo y cómo presentar reportes.
Sí. Un letrado experimentado revisará cláusulas de cumplimiento normativo, protección de datos y límites de responsabilidad. También verificará requisitos de licencias municipales y cumplimiento fiscal para evitar contingencias.
La diligencia básica aplica a operaciones de menor riesgo con verificación mínima. La diligencia reforzada se exige en operaciones de mayor riesgo, como transacciones de alto valor o con contrapartes internacionales, con verificación adicional de antecedentes.
Antes de firmar acuerdos, la debida diligencia debe ocurrir durante la etapa de evaluación de viabilidad. Esto evita compromisos basados en información insuficiente y reduce riesgos legales y fiscales.
Sí. El asesor puede revisar títulos, gravámenes, cumplimiento de licencias locales y antecedentes fiscales. También evaluará contratos laborales y obligaciones contables para evitar contingencias futuras.
La revisión documental básica suele demorarse de 1 a 3 semanas. En casos complejos, como fusiones, el proceso puede extenderse a 4-8 semanas según la disponibilidad de documentos.
El costo depende del alcance y del tamaño de la operación. Puede incluir honorarios de asesor legal, costos administrativos y posibles peritajes contables o registrales.
Un letrado local conoce la normativa vigente y los procedimientos de Mendoza. Facilita la obtención de certificaciones, identifica riesgos específicos y acelera la toma de decisiones bajo la ley local.
Para mayor claridad, consulte las fuentes oficiales: UIF (uif.gob.ar), CNV (cnv.gob.ar) y AFIP (afip.gob.ar). Estas instituciones publican guías y normativas sobre debida diligencia y prevención de delitos financieros.
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