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La debida diligencia es un proceso estructurado de verificación para confirmar hechos, riesgos y cumplimiento normativo antes de firmar acuerdos o contratos. En Las Palmas de Gran Canaria, se aplica tanto a transacciones empresariales como a contratos comerciales y relaciones con proveedores. El objetivo es reducir sorpresas legales, financieras y de cumplimiento tras el cierre de la operación.
En la práctica, la diligencia debida combina investigación documental, análisis contable y revisión de cumplimiento normativo. Incluye revisión de cuentas, contratos, propiedad intelectual, permisos de actividad y protección de datos. Adoptar un enfoque riguroso ayuda a decidir con seguridad y a negociar cláusulas de ajuste o indemnización si surgen riesgos.
“La debida diligencia permite identificar riesgos legales, financieros y de cumplimiento antes de cerrar una operación, impulsando decisiones informadas.”
Fuente: Gobierno de Canarias - canarias.gob.es
“El responsable del tratamiento debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado.”
Fuente: Gobierno de España - mjusticia.gob.es
La debida diligencia es un proceso de verificación para confirmar hechos, riesgos y cumplimiento antes de un acuerdo. En Las Palmas, cubre aspectos mercantiles, fiscales, laborales, financieros y de protección de datos. También evalúa licencias, permisos y previamente existentes litigios.
Define objetivos y alcance con el asesor legal. Reúne información clave de la empresa objetivo, como estados financieros, contratos y deudas. Luego, elabora un plan de revisión y asigna responsables para cada área.
Revisa estados financieros de 3-5 años, contratos de arrendamiento, licencias de actividad, permisos sanitarios y pólizas de seguro. También verifica deudas con proveedores y cumplimiento de normativas turísticas.
El coste varía según complejidad y tamaño del negocio. En Las Palmas, un informe básico puede iniciar en 2.000-4.000 euros y un informe completo exceder esa cifra dependiendo de alcance y plazos.
Una diligencia sencilla puede durar 3-6 semanas. Operaciones complejas, con múltiples entidades, pueden extenderse a 8-12 semanas. El cronograma depende del volumen de documentación.
Sí. El sector turístico canario implica normativa específica, licencias y contratos con proveedores locales. Un letrado con experiencia facilita la interpretación de requerimientos sectoriales.
Para contratos públicos, la diligencia es especialmente crucial para detectar riesgos de cumplimiento y solvencia. La contratación de asesoría especializada reduce riesgos de incumplimiento.
La debida diligencia es una revisión orientada a transacciones y decisiones específicas. La auditoría interna evalúa procesos y controles de una empresa de forma continua y continua.
Puedes consultar guías técnicas y marcos normativos en portales gubernamentales como mjusticia.gob.es y canarias.gob.es. Allí se proporcionan recursos para empresas y asesorías.
Sí. La revisión de tratamiento de datos, base legal y medidas de seguridad es parte central de la diligencia. Cualquier transferencia de datos debe cumplir el RGPD y la LOPDGDD.
Incorporar cláusulas de indemnización y ajustes de precio es prudente. Estas cláusulas compensan al comprador por riesgos no detectados o ocultos durante la diligencia.
Sí. Verificar solvencia, historial y cumplimiento de normativa de proveedores reduce riesgos de interrupciones. Se recomienda incluir verificación de historial de pagos y litigios.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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