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En Mar del Plata, los derechos de las personas mayores buscan garantizar que las personas mayores vivan con dignidad, autonomía y seguridad. El marco jurídico nacional, provincial y municipal protege su integridad física, su autonomía en la toma de decisiones y su acceso a salud, vivienda y servicios sociales. Un abogado especializado puede ayudar a planificar la defensa de sus derechos, evitar abusos y facilitar trámites administrativos y judiciales.
La ciudad cuenta con centros de atención a adultos mayores, residencias y redes de apoyo social. Aun así, muchas personas mayores requieren asesoría para gestionar pensiones, contratos de cuidados y protección frente a posibles abusos. Una intervención legal clara evita retrasos, reduce costos y protege derechos fundamentales. Las personas mayores y sus familias deben entender sus opciones para actuar con seguridad y rapidez.
“Healthy ageing is the process of developing and maintaining the functional ability that enables well-being in older age.”
Fuente: World Health Organization. Ver más en https://www.who.int/health-topics/ageing
En Mar del Plata, la protección de las personas mayores se articula entre normativa internacional, leyes nacionales y normas provinciales y municipales. A continuación se destacan marcos relevantes por nombre y su importancia para la ciudad:
Notas prácticas para Mar del Plata: las normas internacionales se implementan por medio de leyes nacionales y provinciales; las autoridades municipales trabajan en programas y servicios para mayores. Para casos específicos, conviene consultar la normativa vigente en el sitio oficial de la Provincia de Buenos Aires y en la Municipalidad de General Pueyrredón.
“La protección de los derechos humanos de las personas mayores es una obligación estatal que se aplica a nivel nacional, provincial y municipal.”
Fuente: Organización de los Estados Americanos y Naciones Unidas. Ver: https://www.oas.org y https://www.un.org
Fuentes oficiales expuestas: Argentina ratificó la CRPD y la Convención Interamericana se implementa mediante políticas públicas; ver bases de derecho en https://www.argentina.gob.ar y https://www.gba.gob.ar
La tutela es una medida judicial para proteger a una persona que no puede expresarse por sí misma. Se solicita ante el fuero civil de Mar del Plata y requiere informe médico y designación de un tutor. Un asesor legal puede guiar en cada paso y evitar riesgos de manejo indebido de bienes.
La curatela protege a quien mantiene capacidad parcial para gestionar ciertos actos y requiere menos intervención que la tutela total. El proceso se tramita ante el mismo tribunal y suele involucrar evaluaciones médicas y dictámenes de capacidad. Un abogado puede asesorar sobre alcance y límites de la curatela.
Debe acudir cuando el mayor no recibe prestaciones, o cuando hay dudas sobre requisitos y documentos. El asesor legal puede preparar la carpeta de documentación y gestionar el trámite ante la sede local de Anses o su oficina virtual. La orientación profesional evita rechazos por errores formales.
Los honorarios suelen depender de la complejidad, el tiempo y la experiencia del abogado. Muchos profesionales ofrecen primera consulta gratuita o con tarifa reducida. Es recomendable acordar un presupuesto claro por escrito antes de iniciar gestiones.
Para formalizar un testamento o partición, es útil un letrado para asegurar validez, interpretación de cláusulas y registro. Si hay herederos y bienes complejos, la asesoría legal facilita la resolución de conflictos y evita recursos innecesarios.
Se puede requerir autorización judicial o fiduciaria para actuaciones médicas o actos económicos. Un abogado puede preparar la documentación y, si corresponde, gestionar la curatela o la tutela de forma adecuada. Es clave evitar actuaciones sin soporte legal.
Las denuncias se pueden efectuar ante la comisaría local, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público. Un asesor puede coordinar la denuncia, adjuntar pruebas y coordinar protección inmediata si es necesario. La asesoría legal acelera la correcta tramitación.
El contrato de cuidado regula servicios y honorarios por atención en domicilio o en institución. El contrato de residencia establece la vivienda y servicios permanentes. Un abogado revisa cláusulas, derechos de rescisión y penalidades para evitar abusos o cobros indebidos.
No, por ley la información médica es sensible y requiere consentimiento o autorización judicial. Un asesor puede indicar qué datos pueden compartirse y en qué circunstancias, protegiendo la privacidad del mayor. En caso de urgencia, la vía judicial puede ser necesaria para obtener acceso limitado.
Debe respetarse su voluntad siempre que tenga capacidad. Si existe duda sobre su capacidad, puede iniciarse una evaluación médica y considerar intervención legal para proteger derechos. Un abogado puede explicar las opciones y buscar soluciones acordes a la voluntad del mayor.
“Las personas mayores deben poder vivir en su comunidad con acceso a servicios, respeto y protección legal.”
Fuentes oficiales relevantes: Anses, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de Mar del Plata. Para normativa internacional, ver Organización de los Estados Americanos y Naciones Unidas en https://www.oas.org y https://www.un.org
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