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En Santiago, el derecho de Energía, Medio Ambiente y ESG se apoya en un marco regulatorio nacional con instituciones claves y procesos administrados por autoridades centrales y regionales. Este conjunto normativo regula la generación, transmisión y distribución de energía, así como la protección del ambiente y la transparencia de información corporativa.
La energía eléctrica y su regulación abarcan generación, distribución, seguridad de suministro y permisos asociados. El medio ambiente cubre impactos, gestión de residuos, calidad del aire y del agua, y responsabilidades por daños ambientales. ESG implica gobernanza, divulgación de riesgos y prácticas responsables por parte de empresas e inversiones.
En la Región Metropolitana y la ciudad de Santiago existen sedes y oficinas de los organismos responsables, como el Ministerio de Energía, el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que emiten licencias, supervisan operaciones y gestionan sanciones. Además, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tramita evaluaciones de impacto y permisos para proyectos relevantes en la ciudad. En conjunto, estos actores modelan el cumplimiento legal y las obligaciones de las empresas y particulares.
“La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente establece un marco para proteger el medio ambiente y la salud de la población.”
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente
“El SEIA es la herramienta para valorar los efectos ambientales de proyectos y actividades.”
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente
“La transparencia y la divulgación de información ambiental y de gobernanza son elementos clave para la gobernanza corporativa.”
Fuente: Comisión para el Mercado Financiero
SEIA es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Deben evaluarse proyectos que puedan afectar significativamente el medio ambiente, como plantas industriales, gran minería y grandes obras viales.
Debe presentarla ante el SEA, adjuntando antecedentes técnicos, estudios de impacto y planes de mitigación. Un asesor le ayudará a estructurar la documentación y a gestionar recursos administrativos.
Cuando el proyecto cambia de alcance, tecnología o condiciones de operación. Si se incrementan emisiones, se requieren modificaciones y, a veces, nuevas evaluaciones.
La tramitación se realiza ante el SEA correspondiente a la Región Metropolitana, con revisión de antecedentes por parte de la autoridad ambiental local.
La ESG implica divulgar riesgos y governance. Un asesor evita incumplimientos, gestiona reportes y defensa frente a requerimientos de reguladores o inversionistas.
Sí. Las comunidades pueden presentar denuncias ante autoridades ambientales y solicitar medidas correctivas o sanciones cuando exista daño ambiental.
Sí. Un asesor facilita cumplimiento de estándares, verificación externa y preparación de informes que pueden ser requeridos por inversionistas o reguladores.
Para emisores y fondos regulados, existen obligaciones de divulgación no financiera y ambiental frente a la CMF y mercados. Un profesional ayuda a implementar controles.
Las multas varían por infracción, tamaño del proyecto y daño ambiental. El proceso puede incluir notificaciones, recurso de reclamación y posibilidad de defensa.
La duración depende del caso y del volumen de antecedentes; típicamente varios meses, con plazos administrativos que pueden variar por región.
Los permisos ambientales evalúan impactos globales del proyecto, mientras las autorizaciones sectoriales regulan aspectos específicos como emisiones, residuos o uso de suelos.
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