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En Santa Marta, el Derecho Ambiental y Cumplimiento regula la protección de ecosistemas costeros, manglares, la Sierra Nevada de Santa Marta y el patrimonio natural frente a actividades humanas. Este marco normativo establece deberes para empresas, autoridades y particulares, con foco en licencias, evaluación de impacto y control ambiental.
La gestión ambiental en la ciudad se articula con normas nacionales y procesos de la Alcaldía local. Los trámites de licenciamiento, monitoreo y sanciones suelen involucrar al Ministerio de Ambiente, IDEAM, las autoridades ambientales regionales y la secretaría de ambiente del municipio.
Ley 99 de 1993 - Regulación general del medio ambiente, creación del Ministerio de Ambiente, y del Sistema Nacional Ambiental. Esta norma es la base para la estructura institucional y la protección de recursos naturales a nivel nacional y, por tanto, en Santa Marta.
Decreto 1076 de 2015 - Código Único del Sector Ambiente, que consolida las normas ambientales en un solo cuerpo normativo. Regula licencias, evaluaciones de impacto y procedimientos de control y seguimiento.
Ley 388 de 1997 - Ley General de Ordenamiento Territorial, que orienta la planificación del uso del suelo y la dinámica de los POT, con implicaciones para proyectos en áreas de protección ambiental, costa y zonas de manglares.
“La Ley 99 de 1993 regula la protección del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales renovables.”Fuente: minambiente.gov.co
“El Decreto 1076 de 2015 consolida el marco normativo ambiental en un código único.”Fuente: minambiente.gov.co
“IGAC es la autoridad para la cartografía oficial y la normalización de la tenencia de la tierra.”Fuente: igac.gov.co
La licencia ambiental permite realizar actividades que impactan el entorno. Es obligatoria para proyectos que afecten el recurso natural o la calidad ambiental, como hoteles, muelles o proyectos de vivienda en zonas protegidas.
Debe presentar la solicitud ante la autoridad ambiental regional y adjuntar el estudio de impacto o el concepto ambiental requerido. El proceso incluye revisión técnica, observaciones y posibles ajustes antes de la aprobación.
La consulta previa aplica cuando el proyecto podría afectar comunidades locales, pueblos indígenas o afrodescendientes. Debe realizarse antes de la aprobación de la licencia para obtener su consentimiento o garantías adecuadas.
La tramitación suele hacerse a través de la Secretaría de Ambiente municipal y la autoridad ambiental regional, coordinando con el Ministerio de Ambiente para permisos de mayor alcance.
Las sanciones surgen ante incumplimientos de normas, vertimientos no autorizados o incumplimiento de planes de manejo. Se puede apelar ante la autoridad ambiental correspondiente y, si corresponde, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sí. El interesado puede interponer recursos administrativos o acudir a la vía contencioso-administrativa para impugnar resoluciones que afecten su interés legítimo.
Contratar un abogado con experiencia en licencias, EIA y cumplimiento facilita la preparación de documentos, la negociación de condiciones y la defensa ante sanciones y requerimientos.
En algunos casos se puede solicitar reducción o sustitución de multas mediante planes de remediación y pruebas de cumplimiento. Todo acuerdo debe quedar por escrito ante la autoridad.
La licencia ambiental es el permiso global para actividad con impacto; el permiso de vertimientos es específico para liberar residuos líquidos. Ambos requieren controles y monitoreo.
La revisión típica puede tomar entre 4 y 9 meses, dependiendo de la complejidad, la cantidad de observaciones y la capacidad de la autoridad competente.
En remodelaciones menores puede haber exenciones o trámites simplificados. Un asesor legal puede confirmar si es necesario realizar una EIA o un concepto ambiental simplificado.
Se evalúan efectos sobre agua, suelo, biodiversidad y comunidades, además de la gestión de residuos y la mitigación de impactos a corto y largo plazo.
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