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La planificación patrimonial es el conjunto de estrategias jurídicas para ordenar el patrimonio de una persona. En Mar del Plata, como en toda la Argentina, implica testamentos, acceso a fideicomisos, poderes para gestión de bienes y mecanismos para evitar conflictos entre herederos. El objetivo es garantizar que los bienes se transmitan conforme a la voluntad del titular y con la menor incertidumbre posible para sus familiares.
Una buena planificación patrimonial también considera aspectos prácticos como la protección de un negocio familiar, la continuidad de las empresas locales y la optimización de cargas impositivas dentro del marco legal vigente. Contar con asesoría legal especializada facilita la toma de decisiones y la ejecución de actos formales ante escribanos y autoridades.
Las normas que rigen la planificación patrimonial en Argentina se complementan entre lo nacional y lo provincial. En Mar del Plata, ciudad costera de la Provincia de Buenos Aires, se aplican principios del derecho civil y comercial vigente a nivel nacional, así como regulaciones provinciales que disciplinan procesos de sucesión y actos notariales.
“El Código Civil y Comercial de la Nación regula las disposiciones testamentarias y la forma de la sucesión de bienes.”Fuente: https://www.argentina.gob.ar/normativa/codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion
“La protección de datos personales es fundamental para el tratamiento de información en procesos de planificación patrimonial.”Fuente: https://www.argentina.gob.ar/normativa/ley-de-proteccion-de-datos-personales
“La firma digital facilita la certeza jurídica en la autenticación de documentos patrimoniales.”Fuente: https://www.argentina.gob.ar/normativa/ley-25506-firma-digital
La planificación patrimonial ordena bienes, títulos y deudas para evitar conflictos. En Mar del Plata, facilita la transferencia de inmuebles de playa y empresas familiares con menores riesgos de disputas entre herederos.
Debe cumplir requisitos de capacidad, inteligencia y ausencia de vicios. Se recomienda la intervención de un abogado para redactarlo y su protocolización ante un escribano o ante el juzgado correspondiente.
Cuando se busca continuidad del negocio ante cambios de titularidad o cuando se quiere separar la gestión de la propiedad. En Buenos Aires, los fideicomisos deben estar contemplados en el marco del CCyCN y regulaciones notariales locales.
Generalmente, los testamentos pueden registrarse ante escribano público o ante las autoridades judiciales competentes. El procedimiento exacto depende del tipo de testamento y de la jurisdicción local.
El albacea garantiza la ejecución de la voluntad. El tutor o curador protege a menores o personas con discapacidad y administra sus bienes según la ley y el testamento.
Sí, un poder notarial general o específico autoriza la gestión de bienes desde cualquier ubicación. Es crucial definir el alcance y la duración para evitar abusos.
Sí. Cambios de estado civil, apertura de nuevos negocios o adquisición de bienes en la costa requieren revisión para reflejar voluntades actuales y evitar vacíos legales.
El testamento ológrafo debe ser escrito, fechado y firmado por la persona testadora. No debe contener intervención de terceros ni ser redactado por otros. En algunos casos, su validez puede depender de la comprobación en escritura pública.
Inicia con la apertura de la sucesión ante la autoridad competente. Luego se requieren inventario de bienes, pago de cargas y, finalmente, la distribución de bienes conforme a la voluntad o a la ley.
Un fideicomiso transfiere bienes a un tercero para que Administre conforme a reglas establecidas. Un testamento expresa la voluntad para la herencia tras la muerte; el fideicomiso puede operar durante la vida y luego continuar.
Los honorarios varían según la complejidad y la experiencia. Un estudio inicial puede oscilar entre 15.000 y 60.000 pesos, con costos adicionales por gestiones notariales y registros.
La cantidad de activos, la existencia de herederos, y la carga de deudas influyen. Una planificación previa y la documentación completa suelen reducir tiempos de 6 a 12 meses, o más si hay conflictos.
A continuación se presentan recursos oficiales que pueden orientar sobre normativas y procedimientos relacionados con la planificación patrimonial:
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