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Guía Gratuita para Contratar un Abogado de Familia
En Puerto Madryn, como en toda Argentina, el derecho de Familia regula las relaciones entre familiares y protege a menores y personas vulnerables. Las cuestiones más comunes son la filiación, la guarda y crianza de hijos, la adopción, las separaciones y divorcios, las pensiones alimentarias y las medidas de protección frente a la violencia familiar. Los procesos suelen gestionarse ante Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial con competencia en Familia, coordinando con el Ministerio Público Fiscal y servicios sociales locales.
La jurisprudencia y la práctica en Puerto Madryn siguen las normas nacionales, principalmente el Código Civil y Comercial de la Nación, y las leyes específicas para protección de menores y derechos de la familia. En la ciudad hay asesoría letrada especializada disponible, con enfoque en el interés superior del menor y la resolución de conflictos mediante acuerdos o decisiones judiciales. Cada caso requiere una revisión detallada de hechos, documentos y fechas relevantes para plantear la estrategia adecuada.
En Chubut y Puerto Madryn, los procedimientos de familia deben respetar el interés superior del niño y las garantías de derechos consagradas en estas normas. El alcance de las normas provinciales complementa las leyes nacionales y puede haber reglamentaciones locales para la protección de la infancia y la convivencia familiar. Las reformas recientes refuerzan la protección de menores y la igualdad de derechos en matrimonios y filiación.
“La protección integral de niñas, niños y adolescentes es un requisito fundamental para cualquier decisión que afecte sus derechos.”
“El interés superior del niño es prioritario en todas las decisiones judiciales y administrativas que involucren su vida.”
Fuentes: UNICEF Argentina y organismos de derechos humanos para orientación general sobre derechos de la infancia y de la familia.
La tenencia compartida implica que ambos progenitores participan en las decisiones y rutinas del menor. Se aplica cuando es viable para el bienestar del niño y puede acordarse entre las partes o ser fijada por el juez siguiendo el interés superior del menor.
Debe presentar una solicitud ante el juzgado competente o a través de un abogado. Es recomendable una separación de bienes y definir régimen de visitas y alimentos desde el inicio para evitar conflictos posteriores.
Los honorarios varían según la complejidad del caso y la experiencia del letrado. En general, se pueden acordar honorarios de consulta, tarifa por hora y gastos de actuación procesal estableciendo un presupuesto inicial.
Sí. La adopción requiere asesoría legal para revisar antecedentes, tramitar expedientes y gestionar la inscripción registral. Un abogado facilita el cumplimiento de requisitos y plazos ante el Registro de Adopciones.
El tiempo depende de la complejidad y de la carga de trabajo del tribunal. En promedio, las audiencias y resoluciones pueden tomar de 3 a 9 meses, con posible extensión por recursos.
Sí. Un letrado puede presentar medidas de protección ante el juez, requerir prohibición de acercamiento y pedir cuentas sobre cualquier conducta violenta.
La patria potestad comprende derechos y deberes sobre la crianza, educación y cuidados del hijo. Normalmente la ejercen ambos progenitores salvo decisión judicial en contrario.
La tutela protege a menores o personas incapaces ya identificadas. La curatela se aplica a personas mayores o con discapacidades que necesitan asistencia para actos jurídicos.
La filiación no matrimonial se acredita mediante pruebas biológicas, registros y declaraciones judiciales si existen disputas, buscando siempre el interés superior del niño.
La inscripción de adopción se realiza ante el Registro Civil correspondiente y, si corresponde, ante el Consejo de Familia provincial. El abogado guía en cada etapa del expediente.
Sí. Se puede pedir una revisión o apelación si concurren hechos nuevos o cambios relevantes en las circunstancias. El plazo y la procedencia dependen del tipo de resolución.
La Ley 26.743 garantiza el reconocimiento de la identidad de género; en materia de familia, facilita la adopción y filiación cuando correspondan, sin discriminar por identidad de género.
“Las políticas de protección a la familia deben promover la igualdad de género y el acceso a la justicia.”
“La identidad de género y el reconocimiento de derechos familiares deben ser tratados con respeto y celeridad.”
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